En un movimiento sorprendente, el gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) este jueves. Estas sanciones se argumentan por la supuesta intención de los jueces de investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel. Esta decisión ocurre tras la votación de los jueces a favor de mantener la resolución de la CPI en contra de la apelación presentada por el Estado judío el 15 de diciembre.
Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, emitió un comunicado en el que se manifiesta: «La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción».
Este pronunciamiento y las sanciones han sido recibidos con gratitud por parte de la ministra israelí, Binyamín Netanyahu, y su ministro de Exteriores, Gideon Saar, quienes han agradecido la «postura moral clara» del gobierno de Estados Unidos en este caso.
Los dos jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Estos jueces han estado en el punto de mira debido a su papel en la investigación relacionada con los presuntos crímenes cometidos en Palestina, lo cual ha generado una ola de reacciones a nivel internacional.
Desde la CPI se han advertido sobre las implicaciones de estas sanciones, calificándolas como «un ataque flagrante contra la independencia» de la institución. La CPI se ha comprometido a continuar su trabajo «con independencia e imparcialidad», reafirmando su apoyo a su personal y a las víctimas de atrocidades. En su comunicado, la Corte enfatizó que seguirá cumpliendo su mandato sin interferencias externas.
Las consecuencias de estas decisiones llegan en un momento de tensión, ya que el tribunal internacional ha mantenido vigentes las órdenes de arresto dictadas contra varias figuras prominentes, incluyendo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Simultáneamente, la CPI también ha emitido órdenes contra líderes de Hamás, quienes han sido acusados de responsabilidades en ataques armados.
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El contexto de esta situación se agrava con la reciente confirmación de que la CPI mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás en octubre de 2023, lo que ha generado preocupaciones en el gobierno de Israel y ha llevado a este a recurrir a los Estados Unidos en un intento por proteger a sus ciudadanos de posibles juicios internacionales.
La relación entre Estados Unidos e Israel ha sido históricamente fuerte, y esta sanción refleja el apoyo continuo de Washington hacia el Estado judío, especialmente en cuestiones de derechos humanos y justicia internacional. Sin embargo, este apoyo no ha estado exento de controversias, ya que muchos países y organizaciones han condenado las acciones de la CPI y han llamado a que se respete la independencia judicial.
David van Weel, el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, un país que alberga tanto la CPI como la Corte Internacional de Justicia, ha expresado su condena hacia las sanciones impuestas a los jueces. Van Weel argumentó que «los tribunales y cortes internacionales deben poder ejercer sus mandatos sin trabas», reafirmando que su país seguirá apoyando a la corte y su personal en el cumplimiento de sus responsabilidades.
