Vox ha anunciado su intención de revisar las nacionalizaciones españolas concedidas desde 2018, durante el mandato de Pedro Sánchez, en un movimiento que considera necesario para garantizar la legalidad y la transparencia en los procesos de adquisición de la ciudadanía.
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El líder del partido, Santiago Abascal, aseguró en un mitin en Barbastro (Huesca) que algunas de estas nacionalizaciones podrían haberse otorgado de forma “fraudulenta” y que, a su juicio, “no son españoles ni lo serán”. Según Vox, más de un millón de personas habrían obtenido la nacionalidad desde la llegada de Sánchez al poder, y el partido pretende presentar propuestas en parlamentos autonómicos y ayuntamientos para auditar de manera exhaustiva estos casos.
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José Antonio Fuster, portavoz de Vox, señaló que la iniciativa incluirá una revisión de los procesos de nacionalización, aunque no especificó el alcance temporal ni las posibles consecuencias legales. La medida se suma a la oposición del partido al proceso de regularización de más de 500.000 inmigrantes impulsado por el Gobierno.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2018 y 2024 un total de 1.134.273 extranjeros adquirieron la nacionalidad española. La mayoría eran ciudadanos de países iberoamericanos (52,6%), seguidos por marroquíes (17%). Los nuevos españoles habían residido de media más de cinco años en España, cumpliendo los plazos establecidos por la ley, que pueden reducirse a dos años en el caso de los latinoamericanos.
El Código Civil establece criterios claros para la revocación de la nacionalidad adquirida, como falsedad o fraude, pero Vox sostiene que existen argumentos legales para auditar y, en su caso, revertir algunas concesiones. Expertos advierten, sin embargo, que retirar la ciudadanía plantearía importantes problemas de inseguridad jurídica y conflictos internacionales, especialmente con países cuya legislación no permite renunciar a la nacionalidad.
Además de la auditoría, Vox propone endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad y la residencia legal, eliminar la regularización por arraigo y establecer criterios más estrictos para la deportación de inmigrantes irregulares o de quienes no cumplan con determinadas condiciones de integración laboral y cultural.
El debate sobre la nacionalidad y la inmigración se intensifica en el contexto de la campaña electoral aragonesa y de la creciente preocupación por el control del censo electoral, temas recurrentes en la retórica de Vox y de algunos dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso.
