El Gobierno español ha vuelto al centro de la polémica tras conocerse que en 2022 declaró como “secreto” la documentación relativa al papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, en plena pandemia de COVID‑19. Esta decisión restringió el acceso parlamentario a detalles sobre si Zapatero asistió a reuniones vinculadas al rescate y en qué calidad lo hizo, lo que ha intensificado las críticas de la oposición política.
La noticia ha adquirido fuerza en medio de la investigación judicial en curso sobre Plus Ultra, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están indagando un posible uso indebido de los 53 millones de euros otorgados a la aerolínea en 2021. Aunque originalmente el monto se contempló como un préstamo dentro del marco de apoyo a empresas estratégicas durante la crisis sanitaria, las pesquisas judiciales se centran ahora en si esos fondos pudieron destinarse a presuntas operaciones de blanqueo de capitales con origen en Venezuela.
La oposición ha recrudecido su ofensiva: el Partido Popular ha anunciado que citará a Zapatero en la comisión de investigación de la Cámara Alta, conocida como comisión Koldo, para que dé explicaciones sobre su supuesta vinculación con los hechos y las reuniones previas a las ayudas a Plus Ultra. Además, Vox ha registrado iniciativas parlamentarias para forzar al Ejecutivo a ofrecer información completa, incluyendo solicitudes de comparecencias sobre el acceso de Zapatero a instalaciones oficiales como el Monte de El Pardo, donde se le vincula con encuentros con dirigentes de la aerolínea investigada.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente la “pulcritud” de la concesión de ayudas a Plus Ultra y de otros apoyos similares durante la pandemia, insistiendo en que se trató de préstamos otorgados conforme a la normativa y a los criterios exigidos por el Tribunal de Cuentas, aunque ha señalado que no ha tenido oportunidad de hablar con Zapatero sobre este asunto directamente.
La investigación judicial sigue bajo secreto de sumario, con medidas cautelares para algunos de los directivos detenidos —como la retirada de pasaportes y comparecencias periódicas ante la autoridad judicial— mientras se examinan las posibles irregularidades asociadas a la gestión de las ayudas públicas.
