La información publicada por El Debate sugiere que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 2,2 millones de euros a mantener el estatus y privilegios del expresidente Zapatero —incluyendo su pasaporte diplomático— mientras éste ejerce como lobista. Una operación que plantea serias dudas sobre la ética, la transparencia y el buen uso del dinero público.
Según los datos citados, desde 2018 hasta la actualidad, la estructura de mantenimiento, seguridad, oficina, asesores, escoltas y dotaciones asociadas al expresidente Zapatero habría costado alrededor de 2,2 millones de euros. A ese coste habría que sumar los recursos dedicados a un pasaporte diplomático renovado en junio de 2025.
El problema no radica únicamente en la cifra, sino en la naturaleza del servicio: Zapatero, lejos de desempeñar una función institucional definida, ejerce como lobista y mediador internacional, con fuerte presencia en operaciones controvertidas como el rescate de la aerolínea objeto de investigación —según la propia noticia—.
De esta forma, lo que debiera ser un coste excepcional para el Estado (asignado a quienes efectivamente cumplen funciones oficiales o representan al país) se transforma en un gasto recurrente, amparado bajo el estatus de “expresidente”, pero con fines privados o al menos políticamente sensibles. Esa ambigüedad institucional pone en cuestión la legitimidad de asignar tales recursos con cargo a los presupuestos públicos.
Privilegios que el contribuyente paga sin control visible
La información señala que Zapatero continúa recibiendo —y siguiendo utilizando— escolta, personal de oficina, dotaciones y ventajas diplomáticas asociadas al pasaporte oficial. Todo ello supone un coste permanente, más allá de cualquier labor pública concreta.
Pero lo más preocupante no es solo el gasto, sino la opacidad. Según la noticia, no hay claridad sobre qué funciones oficiales desempeña el expresidente, qué resultados ha entregado, o por qué sus actividades profesionales particulares, ya de por sí polémicas, merecen financiación estatal. La diferencia entre lo que debe ser un estatus de respeto histórico y un privilegio funcional se difumina peligrosamente.
Te interesa
Cuando lo institucional se mezcla con lo privado: un conflicto de intereses evidente
El hecho de que el Estado costee a alguien que actúa como lobista —interesado en negocios privados, en inversiones, en rescates de empresas y en relaciones internacionales con países polémicos— supone un claro conflicto de intereses. Más aún si este “embajador oficioso” opera en ámbitos donde el Gobierno tiene competencias decisivas: diplomacia, regulación de ayudas, concesión de rescates, apertura a capital extranjero…
Permitir este tipo de dependencias con fondos públicos atenta contra los principios de transparencia, imparcialidad e igualdad. Y crea una sensación de que las amistades, conexiones y cargos institucionales pueden dar acceso a un privilegio permanente pagado por todos los ciudadanos.
Una factura que pagamos todos
Más allá del debate político, lo que está en juego aquí es el uso responsable de los recursos públicos. Cada euro dedicado a dotar de privilegios a un expresidente es un euro que deja de invertirse en servicios esenciales: sanidad, educación, seguridad, infraestructuras…
Cuando los gobiernos recortan en lo fundamental pero mantienen una “oficina del expresidente” financiada a alto coste, la justicia distributiva del Estado queda en entredicho.
Conclusión: exigir claridades y responsabilidades
No se cuestiona —o no debería— que un expresidente reciba un trato digno tras dejar el cargo. Pero ese trato debe ser proporcional, transparente y con fines claramente públicos. Lo publicado plantea la duda de que, en este caso, esos criterios se han perdido.
El coste millonario, la naturaleza de las labores desarrolladas y la falta de control visible nos obligan a exigir explicaciones claras: ¿para qué se emplean esos fondos? ¿Qué funciones oficiales desempeña Zapatero? ¿Hasta cuándo sostendrán los contribuyentes este privilegio?
Si la democracia se construye sobre confianza, rendición de cuentas y transparencia, estas preguntas no pueden quedar sin respuesta.
