El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe detallado sobre varias reuniones en las que participaron Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora de confianza, Cristina Álvarez, con la empresa Making Science, colaboradora de la cátedra universitaria que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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La petición judicial se produce tras la declaración del director general de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar, quien aseguró que ambas asistieron a encuentros tanto presenciales como telemáticos relacionados con el desarrollo del proyecto. La empresa ha remitido al juzgado diversa documentación que acredita dichos contactos.
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La actuación del magistrado se enmarca en una pieza separada de la causa principal, en la que Begoña Gómez está investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En este caso concreto, la investigación se centra en un posible delito de malversación de fondos públicos, por el que también está imputada Cristina Álvarez, alto cargo de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
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El juez investiga si Álvarez, desde su posición en un puesto público, prestó apoyo a las actividades profesionales privadas de Gómez, especialmente en la gestión de la cátedra impulsada en la Complutense. Según la documentación aportada, la primera reunión con Making Science tuvo lugar el 11 de enero de 2023 de manera online y consistió en un encuentro de seguimiento técnico, del que no se levantó acta.
Posteriormente, el 3 de marzo de ese mismo año, se celebró una segunda reunión para resolver dudas sobre el proyecto. Ya en febrero de 2024, ambas acudieron a un encuentro presencial en el que se planteó la posibilidad de desarrollar una segunda fase del trabajo. Tras esa reunión, la empresa remitió un presupuesto que, según sostiene, no obtuvo respuesta.
La investigación judicial subraya la implicación activa de Cristina Álvarez en la cátedra, pese a que su cargo oficial no guardaba relación directa con estas actividades. Entre otras actuaciones, figura el envío de correos electrónicos a posibles patrocinadores, como Reale Seguros, para tratar de asegurar la continuidad de su apoyo económico al proyecto.
Además, Álvarez participó en intercambios de correos relacionados con el registro de un software y de la marca de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva, utilizando en algunos casos una cuenta personal y, en otros, el correo oficial de la Presidencia del Gobierno con su correspondiente membrete.
El juez Peinado ha requerido también documentación al resto de empresas que colaboraron con la cátedra, con el objetivo de esclarecer el alcance de la participación de Gómez y su asesora y determinar si se produjo un uso indebido de recursos públicos.
