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La Iglesia Católica se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE). El pacto establece un nuevo mecanismo de reparación a través del Defensor del Pueblo, destinado a aquellas víctimas para las que ya no es posible recurrir a la vía judicial.
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El acuerdo fue suscrito por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Según fuentes del Ministerio de Justicia, se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado que contempla la participación de las víctimas y que garantiza que las reparaciones económicas o simbólicas sean asumidas por la Iglesia. En caso de desacuerdo entre las partes, la resolución final recaerá en el Estado.
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El procedimiento permitirá que la víctima inicie el trámite ante una unidad del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta unidad emitirá una propuesta de resolución y reparación —simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica— de acuerdo con lo que solicite la víctima. La propuesta será evaluada por la Comisión Asesora de la Iglesia (CPRIVA), y si ambas partes están de acuerdo, se convertirá en definitiva. Si persiste la discrepancia, se convocará una Comisión Mixta con asociaciones de víctimas y, en última instancia, el Defensor del Pueblo adoptará la resolución final.
La Iglesia deberá garantizar el cumplimiento de las medidas reparadoras en los plazos establecidos. En caso de incumplimiento por parte de diócesis o entidades religiosas, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos asumirán la responsabilidad. Además, el Gobierno ha acordado que las indemnizaciones estén exentas del impuesto sobre la Renta.
Desde la CEE destacan que el acuerdo se basa en un compromiso moral y no en una obligación jurídica, y que tiene carácter temporal: estará vigente un año, prorrogable por otro, para los casos en los que los delitos hayan prescrito o el agresor haya fallecido.
El Gobierno califica este pacto como «histórico», subrayando que, tras más de dos décadas sin cerrar un acuerdo de este tipo con la Iglesia, el ministro Félix Bolaños ha firmado ya cuatro acuerdos con la institución durante las últimas dos legislaturas.
