La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado una pena de hasta tres años de prisión para Cecilia Herrero, concejala de Vox en el Ayuntamiento de València, por la difusión reiterada de mensajes de odio dirigidos a personas migrantes, miembros del colectivo LGTBI y personas con discapacidad a través de la red social X (antes Twitter) entre 2020 y 2024.
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Según un escrito al que ha tenido acceso EFE, la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público respalda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de mensajes publicados por la concejala. La Fiscalía acusa a Herrero de propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia distintos colectivos protegidos mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras.
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El Ministerio Público atribuye a la procesada un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad. Alternativamente, plantea una calificación menos grave dentro del mismo precepto. En la primera opción, se solicita tres años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros; subsidiariamente, la pena sería de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. En ambos casos, se pide también la inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo periodo que la pena de prisión.
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El escrito detalla que Herrero gestionaba cuentas abiertas al público con miles de seguidores, desde las que difundía de manera “masiva e indiscriminada” mensajes estigmatizando a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBI, personas racializadas y con discapacidad. Según la Fiscalía, vinculaba la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social.
El Ministerio Público subraya que este discurso tenía un especial impacto al dirigirse directamente a la ciudadanía de València y al producirse en el marco de la actividad política de la concejala. Entre los mensajes recogidos se incluyen comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad, cuestionamientos sobre la identidad de menores extranjeros no acompañados y llamados a la expulsión de migrantes.
La Fiscalía no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de manera consciente y voluntaria. Además, solicita el decomiso de las direcciones URL de los contenidos difundidos, en virtud de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.
Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024, y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.
