Las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y España atraviesan nuevamente un momento crítico tras la expulsión del embajador nicaragüense en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La medida fue adoptada en “estricta reciprocidad” luego de que Managua expulsara al embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, quien llevaba menos de dos meses en el cargo.
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El Gobierno nicaragüense, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, no ha explicado oficialmente los motivos de la expulsión del diplomático español ni de la retirada de la segunda jefatura diplomática de España en el país centroamericano. Con esta decisión, Nicaragua vuelve a quedarse sin embajador en Madrid por segunda vez en los últimos cuatro años.
Este nuevo episodio reaviva las tensiones diplomáticas que ambos países arrastran desde 2021, cuando España expresó un enérgico rechazo a las detenciones y encarcelamientos de líderes opositores y aspirantes presidenciales en Nicaragua, previos a las elecciones del 7 de noviembre de ese año. Aquellos hechos desencadenaron un cruce de acusaciones que derivó, temporalmente, en la ausencia de embajadores en ambas capitales.
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El 11 de agosto de 2021, el Gobierno español llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado de la Cancillería nicaragüense que, según Madrid, contenía “gruesas falsedades” sobre los procesos judiciales y electorales de España. Posteriormente, las autoridades nicaragüenses impidieron el regreso de la diplomática al país.
España rechazó de manera tajante el contenido de aquella nota y exigió a Nicaragua cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como garantizar la libre participación política de sus ciudadanos. En respuesta, el Ministerio de Exteriores español citó al entonces embajador de Nicaragua en Madrid, Carlos Midence, para solicitar explicaciones.
Horas después, el Gobierno de Managua ordenó el retiro de Midence de sus funciones diplomáticas, alegando “presiones y amenazas injerencistas” que, según afirmó, hacían imposible su labor. Meses más tarde, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó esa decisión como “un capítulo más de la huida hacia adelante de Ortega”, recordando que la comunidad internacional considera las elecciones nicaragüenses de 2021 una “burla” que derivó en sanciones contra el régimen.
En 2022, Nicaragua nombró a Maurizio Carlo Gelli como embajador en Madrid, mientras que España intentó sin éxito el retorno de Fernández-Palacios a Managua. Finalmente, Pilar María Terrén fue acreditada como embajadora, cargo que ocupó hasta ser reemplazada por Sergio Farré Salvá, en lo que se interpretó como un intento de cerrar la disputa diplomática.
Sin embargo, la reciente expulsión del embajador español vuelve a evidenciar la fragilidad de las relaciones bilaterales, en un contexto marcado por la prolongada crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 y que se profundizó tras las controvertidas elecciones en las que Daniel Ortega fue reelegido para un nuevo mandato con sus principales opositores en prisión.
