Docentes y organizaciones alertan sobre la falta de apoyo institucional a los coordinadores escolares de bienestar, un puesto creado hace tres años para prevenir la violencia en las aulas, pero que en muchos centros se ha convertido en una carga adicional para los profesores.
Amaya Matos, profesora de Biología en el IES Guadarrama con 16 años de experiencia, ejerce desde hace tres cursos también como coordinadora de bienestar, además de ser jefa de estudios adjunta. Como muchos de sus compañeros, compagina esta labor con la docencia sin reducción horaria ni compensación económica. “En mi caso lo he hecho por amor al arte”, reconoce.
La figura del coordinador de bienestar fue establecida por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia en los centros educativos. Sin embargo, un informe reciente de la ONG Educo denuncia que la implementación ha sido insuficiente, señalando como principales problemas la falta de tiempo, formación específica, compensación económica y estándares comunes en todo el país.
En la práctica, los coordinadores escuchan y acompañan a los alumnos ante conflictos de convivencia, riñas, problemas emocionales graves e incluso situaciones con riesgo de autolesiones o trastornos de conducta alimentaria. Matos destaca la importancia de su rol como figura de referencia: “Es fundamental que los alumnos sepan a quién acudir si tienen algún problema”.
Te interesa
El contexto educativo no ayuda. Según el informe internacional TALIS, el 6% de los directores de secundaria en España reporta intimidación o abuso verbal hacia el personal docente, y el 18% reporta acoso escolar, cifras que sitúan al país ligeramente por encima o por debajo de la media de la OCDE, respectivamente.
Falta de tiempo y formación
Especialistas señalan que, además de actuar ante problemas evidentes, el coordinador tiene un papel clave en la prevención de situaciones de riesgo. “Introduce una mirada preventiva y de protección que antes no existía de forma estructurada en los centros educativos”, explica Mónica Viqueira, de Educo. No obstante, para que esta labor sea efectiva, se requiere tiempo suficiente. UNICEF España recomienda dedicar al menos 23 horas semanales por cada 1.000 alumnos, un estándar que la mayoría de coordinadores no alcanza.
“Tenemos que compatibilizar la coordinación con nuestras otras tareas. Al final es algo que hacemos en ratos libres, como buenamente podemos”, relata Matos. La sobrecarga afecta también a la accesibilidad para los alumnos, según Nacho Martínez, portavoz de UNICEF España: “Muchas veces es imposible acceder a los coordinadores porque están saturados”.
La formación es otro déficit. Muchos docentes asumen el rol sin preparación suficiente para detectar problemas de salud mental o situaciones de riesgo, recurriendo solo a cursos online breves. “Es claramente insuficiente para una labor tan sensible”, subraya Martínez. Matos añade que la labor del coordinador no reemplaza a profesionales especializados: “Podemos detectar y acompañar, pero la solución no somos nosotros. Se necesitan psicólogos, psiquiatras y mejor coordinación con los servicios sanitarios”.
Desigualdad territorial
La LOPIVI deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de esta figura, generando diferencias en apoyo, carga horaria, formación y retribución. Solo Canarias, Cataluña y Galicia ofrecen algún tipo de compensación económica. “Los niños y niñas tienen derecho a la protección, y no puede depender del territorio en el que vivan”, concluye Viqueira.
Tres años después de su creación, la figura de coordinador de bienestar sigue siendo clave, pero para que cumpla su misión es imprescindible tiempo, formación y apoyo institucional.
