La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado en contra de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la denuncia presentada contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas. El Ministerio Público considera que los hechos no deben ser instruidos por este tribunal, según confirman fuentes jurídicas.
El pronunciamiento se produce después de que el magistrado Antonio Piña acordara la apertura de diligencias previas para examinar la denuncia formulada por la asociación Libertad y Justicia. En su resolución inicial, el juez apreciaba indicios de una posible infracción penal y solicitaba a la Fiscalía que se pronunciara sobre la jurisdicción competente, así como sobre la procedencia de las diligencias interesadas.
Una denuncia que alcanza a la cúpula de Transportes y a Adif
La acción penal, adelantada por The Objective, no se limita al actual titular de Transportes. Entre los denunciados figuran el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, ambos en prisión provisional por el denominado caso Koldo. También se señala al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, a altos cargos de los departamentos de Circulación y Mantenimiento y a las empresas que integraron la UTE encargada de la renovación del tramo siniestrado (Ferrovial, Agrupación Guinovart, Convensa y Azvi).
La asociación denunciante imputa a los investigados 45 delitos de homicidio por imprudencia grave, además de 152 delitos de lesiones, prevaricación administrativa, malversación, cohecho y omisión del deber de impedir delitos. Como medidas cautelares, solicitó el embargo preventivo de bienes por valor de 150 millones de euros, la prohibición de salida del territorio nacional y la suspensión inmediata de los cargos públicos desempeñados.
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Advertencias previas sobre el estado de la vía
El eje central de la acusación se sustenta en una presunta cadena de negligencias administrativas. Según la asociación que preside el abogado Pedro Muñoz Lorite, Adif habría desatendido las advertencias emitidas por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). El sindicato alertó en agosto de 2025 de deficiencias en la infraestructura y llegó a recomendar una reducción de la velocidad máxima a 250 kilómetros por hora en el tramo afectado.
En este contexto, los denunciantes atribuyen a Puente la condición de “máximo responsable político”, mientras que reprochan a Ábalos que el procedimiento de licitación del tramo accidentado se iniciara durante su mandato, en diciembre de 2011. En cuanto a Koldo García, la denuncia sostiene que su presunta vinculación con tramas de corrupción pudo influir negativamente en la calidad de los trabajos de renovación ferroviaria.
Entre las diligencias solicitadas figuraba la toma de declaración de los maquinistas de los trenes Alvia e Iryo que sobrevivieron al impacto, así como de pasajeros del convoy siniestrado. La decisión final sobre el archivo o la remisión del caso a otro órgano judicial queda ahora pendiente de la valoración del juzgado.
