El Parlamento Europeo impulsa un informe para reforzar la protección de la propiedad privada y mejorar la cooperación policial frente a las mafias organizadas
La okupación de viviendas ha dejado de ser una problemática abordada exclusivamente a nivel nacional para convertirse en un asunto de Estado en el Parlamento Europeo. Ante el crecimiento exponencial de este fenómeno y las tensiones sociales que genera, la Eurocámara ha dado un paso al frente para exigir una respuesta coordinada que facilite la recuperación de inmuebles por parte de sus propietarios.
Los puntos clave del informe europeo
El texto, liderado por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz y aprobado recientemente por la Comisión de Vivienda, establece una postura firme contra el uso ilegal de inmuebles, tanto privados como públicos:
- Mecanismos jurídicos ágiles: Se exige a los Estados miembros que establezcan procesos legales rápidos y eficaces para que los dueños puedan recuperar sus viviendas en plazos reducidos.
- Condena categórica: El informe condena explícitamente la okupación ilegal y subraya las graves consecuencias que esta tiene para los pequeños propietarios, quienes a menudo sufren un perjuicio económico directo e inasumible.
- Lucha contra las mafias: Se reclama un uso intensivo de las herramientas de Europol. El objetivo es desarticular las redes de delincuencia organizada que, en muchos casos, están detrás de las okupaciones, lucrándose con el acceso ilegal a inmuebles ajenos.
- Cooperación transfronteriza: La UE busca unificar la recopilación de datos y el intercambio de información entre los países miembros para tener una radiografía real del problema y actuar de forma coordinada.
Un respaldo político de amplio espectro
La propuesta no solo ha sido impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE), sino que ha contado con el consenso necesario para sumar al grupo socialista (S&D) y a los liberales (Renew). Este respaldo multipartito refleja la creciente preocupación por cómo la okupación genera «inseguridad, deterioro urbano y tensiones sociales» en ciudades de todo el continente.
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Próximos pasos
Tras haber superado la votación en la Comisión de Vivienda el pasado 9 de febrero, el documento se prepara ahora para su votación final en el pleno de la Eurocámara, prevista para este próximo mes de marzo. De salir adelante, el texto servirá como una hoja de ruta vinculante para que los gobiernos nacionales adapten sus legislaciones internas, buscando homogeneizar la protección del derecho a la propiedad en toda la Unión.
Esta ofensiva europea busca, en última instancia, devolver la seguridad jurídica a los propietarios y frenar una dinámica que, en palabras de los eurodiputados, «socava la cohesión social» y dificulta el acceso a una vivienda digna en un mercado ya de por sí tensionado.
