La brecha tributaria entre el IRPF y el impuesto sobre Sociedades expulsa a miles de pequeños negocios, que denuncian una presión fiscal un 17% superior a la de las pymes.
El régimen fiscal español se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse el alarmante trasvase de trabajadores por cuenta propia hacia la figura de sociedad mercantil. Según datos de la organización UPTA, más de 57.000 autónomos se vieron forzados a constituirse como empresas durante el pasado año para evitar lo que han calificado como una «asfixia fiscal» insostenible.
La raíz del problema reside en la notable desigualdad existente entre los tipos impositivos aplicables. Mientras que las empresas en España tributan de media en torno al 20% de sus beneficios en el impuesto sobre Sociedades —gracias a la capacidad de aplicar deducciones, bonificaciones y una planificación fiscal más eficiente—, los autónomos se enfrentan a tipos en el IRPF que, según sus niveles de ingresos, pueden alcanzar el 37%. Esta diferencia de hasta 17 puntos porcentuales está erosionando la competitividad de los pequeños negocios frente a organizaciones de mayor tamaño.
Una estructura fiscal desigual
Desde UPTA se denuncia que la actual normativa no solo penaliza a los pequeños empresarios, sino que fomenta indirectamente la economía sumergida. Muchos trabajadores, ante la imposibilidad de afrontar simultáneamente el pago de impuestos y las elevadas cotizaciones sociales, se ven empujados a la clandestinidad laboral.
La organización ha reprochado a Hacienda, bajo la gestión de María Jesús Montero, una marcada «apatía y falta de comprensión» ante la realidad que atraviesan los pequeños negocios, marcados por un incremento constante de costes y unos márgenes de beneficio cada vez más estrechos. «Muchos se ven obligados a convertirse en sociedades solo para sobrevivir», sostienen desde el colectivo, señalando que la figura societaria permite una mayor amplitud para deducir gastos estructurales, como suministros, vehículos o amortizaciones, algo de lo que el autónomo individual carece en la misma medida.
El peso de los costes laborales
La situación se vuelve aún más compleja cuando el autónomo tiene empleados a su cargo. En 2025, el coste laboral medio por trabajador se situó en 3.256 euros mensuales. De esta cifra, el salario neto recibido por el empleado es de 2.416 euros, mientras que los 840 euros restantes se destinan a otros costes, fundamentalmente cotizaciones sociales. Esta carga implica que más de una cuarta parte de lo que desembolsa el empleador no llega a manos del trabajador, lo que supone un lastre añadido para la viabilidad de los negocios más pequeños.
Ante este panorama, los autónomos exigen a la administración medidas urgentes de «reequilibrio tributario» que permitan competir en igualdad de condiciones con las medianas y grandes empresas, evitando que la actual presión fiscal continúe minando el tejido productivo más vulnerable del país.
