La dirección nacional del Partido Popular ha intentado rebajar la tensión entre la Comunidad de Madrid y la Justicia. Tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordena de forma cautelar la creación inmediata de un registro de médicos objetores al aborto, Génova ha alineado su discurso con el respeto a la legalidad: «Las decisiones judiciales se acatan».
Génova marca distancias con la resistencia de Madrid
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha sido la encargada de verbalizar la postura oficial del partido. A pesar de las reticencias históricas de Isabel Díaz Ayuso hacia esta medida, Muñoz se mostró convencida este martes de que la Puerta del Sol no se saldrá del guion democrático y procederá a tramitar el registro tal como ha solicitado el Ministerio de Sanidad.
Este movimiento busca proyectar una imagen de institucionalidad, contrastando con la postura más beligerante que ha mantenido el equipo regional de Ayuso en los últimos meses.
El conflicto: ¿Garantía de servicio o «lista negra»?
La batalla legal y política se centra en la interpretación de este registro:
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- Para el Ministerio de Sanidad: Es una herramienta necesaria para organizar los servicios públicos y garantizar que el derecho al aborto se preste en la sanidad pública.
- Para el Gobierno de Ayuso: Se ha calificado reiteradamente como una «lista negra» destinada a señalar y presionar a los profesionales que, por conciencia, deciden no realizar estas intervenciones.
Madrid acatará, pero dará batalla legal
Aunque el PP nacional da por sentada la ejecución de la orden, la Comunidad de Madrid ya ha movido ficha. El Ejecutivo regional ha anunciado su intención de recurrir el auto, argumentando que la decisión del TSJM es una medida cautelar que «no entra en el fondo del asunto».
Desde el equipo de la presidenta subrayan que, si bien respetan el derecho al aborto, mantendrán su firmeza jurídica para proteger la libertad de conciencia de los médicos madrileños hasta que exista una sentencia firme y definitiva.
