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La Guardia Civil identifica ingresos de 344.500 euros a través de alquileres vacacionales que vinculan el dinero de la macroestafa de Madeira Invest con la adquisición de activos inmobiliarios.
La investigación sobre la macroestafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) ha dado un giro inesperado. Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el entramado liderado por Álvaro Romillo —conocido por haber financiado con 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez— utilizaba un negocio paralelo de alquileres turísticos en la plataforma AirBnB para dar apariencia de legalidad a fondos procedentes del fraude.
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El rastro de los 344.500 euros
Los agentes han detectado más de un centenar de transferencias realizadas entre abril y septiembre de 2024 a una de las cuentas clave de la red, bajo la titularidad de la sociedad Sabrosso LTD. Los pagos, que suman casi 344.500 euros, oscilan entre pequeñas reservas de 57 euros e ingresos masivos de hasta 12.000 euros.
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Para la UCO, este patrón no es casual. Los investigadores sostienen que la organización criminal explotaba inmuebles que habrían sido adquiridos con el dinero captado a los inversores estafados. Esta operativa permitiría:
- Generar liquidez inmediata.
- Dificultar el rastreo del dinero, al fraccionar los ingresos a través de clientes internacionales.
- Blanquear capitales, integrando los fondos en el circuito económico legal mediante una actividad aparentemente legítima.
Una estructura «fantasma» sin empleados
El informe remitido a la Audiencia Nacional es demoledor respecto a la actividad real de la trama. Mientras Romillo declaraba que su empresa se dedicaba a la compraventa de obras de arte, la UCO no ha hallado indicios de tal negocio. Por el contrario, el 98% de los ingresos analizados en 2023 provenían directamente de las propias víctimas de la estafa.
Llama la atención la desproporción entre el volumen de dinero manejado y la infraestructura de la red. Solo en 2024, una de las cuentas registró ingresos superiores a los 106 millones de euros, a pesar de que la entidad no contaba con personal dado de alta en la Seguridad Social.
Cooperación internacional y el papel de la banca
Ante estos hallazgos, la Audiencia Nacional ha solicitado una Orden Europea de Investigación (OEI) a Irlanda, sede de AirBnB, para rastrear el origen de cada pago y confirmar la titularidad de los inmuebles explotados.
Por su parte, los abogados de las víctimas (Zaballos Abogados) han puesto el foco en la Caixa Geral de Depósitos, el principal banco de Portugal. Han solicitado al juez que se investigue si la entidad incumplió la normativa de prevención de blanqueo de capitales al permitir el movimiento de millones de euros de la estafa hacia paraísos fiscales o cuentas en el sudeste asiático, donde la red desvió más de 29 millones de euros.
Cifras clave de la trama:
- 3.000 inversores afectados.
- 180 millones de euros estafados bajo promesas de rentabilidad del 50%.
- 26 sociedades repartidas en España, Portugal y Nuevo México (EE. UU.).
El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido ampliar los plazos de instrucción ante la «extrema complejidad» de una red que no solo captaba efectivo para fines políticos, sino que diversificaba sus activos en vehículos de lujo, eventos e incluso apartamentos turísticos para ocultar el rastro del fraude.
