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El órgano de gobierno de la Cámara Baja le retira la credencial de prensa junto a Bertrand Ndongo tras acumular una decena de denuncias por quiebra del decoro y usar despachos oficiales sin autorización.
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Cuerpo de la noticia
La Mesa del Congreso de los Diputados ha tomado una determinación tajante en la regulación de sus dependencias en la Carrera de San Jerónimo. Con el aval de los informes técnicos de los letrados de las Cortes, el órgano de gobierno de la Cámara ha acordado la suspensión cautelar e indefinida de las acreditaciones de prensa del activista Vito Quiles y su colaborador Bertrand Ndongo. La resolución llega tras un prolongado historial de incidentes que los servicios parlamentarios califican como un «deterioro intolerable de la convivencia institucional» dentro de la sede del poder legislativo.
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La medida sanciona una cadena de comportamientos que habían tensionado al extremo el día a día parlamentario. El detonante final se produjo durante una comparecencia de la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, cuya intervención fue interrumpida a gritos por Quiles. Este altercado provocó un plante unánime del resto de los periodistas acreditados habituales, quienes abandonaron la sala en protesta por lo que consideraron un acoso intolerable al ejercicio de su profesión.
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Uso irregular de despachos de diputados
Más allá de las protestas en las salas de prensa, la expulsión se fundamenta en un informe del grupo parlamentario socialista que detalla graves brechas de seguridad. Según la denuncia, Quiles accedió de forma clandestina al despacho privado de la diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, utilizándolo de manera no autorizada como plató improvisado para grabar un vídeo de contenido político dirigido contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Este uso indebido de espacios restringidos, sumado a grabaciones constantes en pasillos sin permiso, ha sido clave para justificar la urgencia de la vía cautelar.
Ruptura del consenso político
La decisión ha evidenciado la profunda brecha partidista en la Mesa del Congreso. Los partidos del bloque de Gobierno (PSOE y Sumar) hicieron valer su mayoría para sacar adelante la expulsión, atendiendo a las reclamaciones de decoro institucional y al malestar de las asociaciones de periodistas parlamentarios. Por el contrario, los representantes del Partido Popular decidieron desmarcarse y no participar en la votación, argumentando que la medida supone un acto de «censura», posicionándose en contra del criterio mayoritario del sector de la prensa.
Los sancionados disponen ahora de un periodo regulado para presentar alegaciones e intentar recurrir la resolución. No obstante, fuentes jurídicas de la Cámara apuntan a que los informes de la Secretaría General son técnicamente robustos, consolidando un precedente histórico en el control de la agitación política disfrazada de labor informativa dentro de las instituciones del Estado.
