El Congreso debate las enmiendas a la totalidad de PNV y Junts, que denuncian invasión competencial, mientras el PP sopesa su abstención ante la falta de una memoria de impacto económico.
MADRID. — El proyecto de ley que contempla una reducción significativa del número de alumnos por clase en las etapas de Educación Primaria y Secundaria, así como una rebaja en la carga lectiva del profesorado de la enseñanza pública, afronta este jueves su primer gran debate parlamentario en el pleno del Congreso de los Diputados. El texto inicia su andadura pendiente de la postura definitiva del Partido Popular y en medio de un fuerte debate sobre el reparto de las competencias autonómicas.
El pleno de la Cámara Baja debate y vota las dos enmiendas a la totalidad presentadas de forma independiente por el PNV y Junts per Catalunya. Ambas formaciones exigen la devolución del texto al Gobierno liderado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La ley en juego modifica dos normas educativas clave con el propósito de establecer un tope de 22 estudiantes por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en Secundaria (frente a los 30 vigentes), además de rebajar la jornada docente hasta un máximo de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en Secundaria y Bachillerato.
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El choque competencial: Los argumentos de PNV y Junts
Pese a que tanto el PNV como Junts se han mostrado abiertamente a favor de mejorar las condiciones laborales y salariales del cuerpo docente, justifican sus enmiendas a la totalidad alegando una «invasión de las competencias autonómicas» por parte del Ejecutivo Central.
Desde Junts se advierte que el proyecto vulnera directamente los principios de autonomía financiera e intenta imponer obligaciones a las comunidades autónomas «sin garantizar los recursos necesarios para hacerlas efectivas». El grupo catalán tilda la propuesta de una «alteración profunda y constitucionalmente inadmisible».
Por su parte, el PNV rechaza el texto al considerar que impone de manera centralizada «ratios rígidas y homogéneas» para todo el territorio nacional. Los nacionalistas vascos critican lo que definen como una visión «uniformizadora del sistema educativo, que no reconoce ni la diversidad de realidades educativas existentes ni las diferentes necesidades de cada territorio». Asimismo, reprochan al Gobierno la «ausencia de una cooperación institucional real con Euskadi» —comunidad autónoma competente en la materia— durante la redacción del proyecto legislativo.
Aritmética parlamentaria y el recelo de las CC.AA. del PP
A pesar de los reproches de sus socios de investidura, se prevé que las enmiendas a la totalidad sean rechazadas gracias al bloque conformado por el PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu. El éxito del Gobierno para superar este primer trámite se apoyará, salvo sorpresa de última hora, en la abstención del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo no ha presentado una enmienda de devolución y optará por no bloquear el recorrido de la norma en esta fase inicial.
No obstante, esta postura no implica un cheque en blanco. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se mostraron sumamente críticas durante la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. El principal motivo de fricción radica en que el Ministerio no ha aportado una memoria justificada del impacto económico que supondrán estas medidas para los presupuestos regionales, especialmente la contratación de personal derivada de la reducción drástica de la carga horaria del profesorado.
Los sindicatos lamentan los retrasos en la implantación
Una vez superado este primer debate, la tramitación continuará en el Congreso con el debate de las enmiendas parciales. El plazo para la presentación de estas modificaciones se ha prorrogado esta semana por tercera vez, y fuentes de la Cámara apuntan a que podría extenderse sucesivamente hasta el próximo mes de septiembre.
Esta dilatación en los plazos ha encendido las alarmas en el sector educativo. La mayoría de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria han manifestado a la Agencia EFE su lamento por la imposibilidad material de que el grueso de la ley entre en vigor para el inicio del próximo curso escolar 2026-2027. Tras su aprobación en el Congreso, el texto debe remitirse al Senado, y las Cortes Generales concluyen su periodo ordinario de sesiones este mismo mes de junio.
Pese al atasco legislativo, el calendario previsto por el propio proyecto de ley dictamina que para el curso 2026-2027 sí entrará en funcionamiento la medida que obliga a computar de manera doble al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEEs) a efectos de cálculo de ratio, junto con el inicio de la reducción horaria docente. Por contra, la bajada generalizada de alumnos por clase se aplicará de forma progresiva, estimándose su implantación total para el curso escolar 2031-2032.
