MADRID. – El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la apertura de un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La medida responde a una resolución judicial en la que el magistrado sugirió que los policías que integran la escolta de Gómez podrían llegar a cooperar en una hipotética fuga de la justicia.
La decisión se ha adoptado en un pleno presencial celebrado este lunes en la sede del órgano de gobierno de los jueces, tras ser pospuesto el cónclave telemático previsto inicialmente para el domingo. La resolución final ha salido adelante gracias al voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien lideró la iniciativa de actuar contra el instructor.
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Posible «abuso de autoridad»
El expediente se activa a propuesta de la propia Perelló, al considerar que las afirmaciones del magistrado en su escrito judicial podrían encajar en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto sanciona de forma explícita el «exceso o abuso de autoridad» o la «falta grave de consideración» hacia cualquier persona que intervenga en un procedimiento judicial, lo que en este caso salpica directamente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El caso pasa ahora a manos del promotor de la acción disciplinaria del Consejo, quien deberá instruir el expediente para determinar el alcance de la responsabilidad del juez. Al tratarse de una presunta falta grave, las sanciones contempladas por la ley van desde una multa económica de hasta 6.000 euros hasta medidas drásticas como el traslado forzoso, la suspensión de funciones por un máximo de tres años o, en última instancia, la expulsión de la carrera judicial.
Jubilación a la vista
La apertura de este procedimiento disciplinario coincide con el tramo final de la trayectoria profesional del magistrado. Juan Carlos Peinado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre, fecha que marca la edad máxima legal para la jubilación forzosa de los jueces en España, lo que añade un factor de presión temporal al desarrollo y resolución del expediente.
