La organización cuestiona la adjudicación a una empresa administrada por la esposa del diputado no adscrito Navil Rahal y solicita la anulación del procedimiento
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha llevado ante los tribunales la adjudicación del contrato para la instalación y gestión de los mataderos móviles durante la Pascua del Sacrificio en Ceuta, valorado en más de 2,3 millones de euros.
La información, adelantada por medios como The Objective y Ceuta al Día, señala que la organización ha presentado un recurso contra el procedimiento mediante el que la Ciudad Autónoma adjudicó el servicio a Herederos de Miguel de Jimena S.L., sociedad cuya administradora única es la esposa del diputado no adscrito y exrepresentante del PSOE Navil Rahal.
Abogados Cristianos considera que durante la tramitación podrían haberse producido irregularidades administrativas y apunta a la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Estas acusaciones deberán ser analizadas ahora por los tribunales, sin que hasta el momento exista una resolución judicial que declare ilegal la adjudicación.
Solicitan la suspensión y anulación del contrato
Según la información publicada, la organización ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la anulación de la adjudicación y la suspensión cautelar de los contratos correspondientes a los próximos ejercicios.
Entre los argumentos planteados se encuentra que el contrato habría sido formalizado mientras permanecía pendiente un recurso administrativo que, según la entidad denunciante, debía haber paralizado automáticamente el procedimiento.
La fundación también cuestiona la motivación de la adjudicación, algunos de los datos económicos incluidos en el expediente y el supuesto incumplimiento de normas nacionales y europeas relacionadas con el bienestar animal.
Una adjudicación de 2,31 millones durante cuatro años
La Ciudad adjudicó el pasado mes de abril el contrato a Herederos de Miguel de Jimena S.L. por un importe de 578.282,75 euros anuales y un total de 2.313.131 euros durante sus cuatro años de vigencia. El acuerdo contempla, además, la posibilidad de prorrogar el servicio durante un quinto ejercicio.
El contrato incluye el alquiler, montaje, desmontaje y gestión de siete mataderos móviles durante el Eid al Adha. Las instalaciones se distribuyen entre Pozo Rayo, Loma Colmenar, Príncipe Alfonso, la antigua Estación del Ferrocarril, Miramar, Benzú y Hadú.
En el proceso participaron también Athisa Medio Ambiente S.A.U. y Global Rochis Group S.L. Esta última presentó la oferta económica más baja, situada en 370.800 euros anuales, pero fue excluida después de que la mesa de contratación la considerara anormalmente baja y entendiera que la empresa no había justificado suficientemente su viabilidad económica y técnica.
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Tras esa exclusión, Herederos de Miguel de Jimena obtuvo 100 puntos, frente a los 99,80 puntos de Athisa, cuya oferta económica ascendía a 579.444,55 euros.
La denuncia relaciona el contrato con la aprobación de los presupuestos
Abogados Cristianos también relaciona la adjudicación con la posición política mantenida por Navil Rahal durante la aprobación de los presupuestos de la Ciudad.
La organización sostiene que el voto del diputado no adscrito fue relevante para aprobar unas cuentas que incrementaron la partida destinada a los mataderos móviles. El proyecto presupuestario inicial contemplaba aproximadamente 377.000 euros para este servicio, cantidad que posteriormente se elevó hasta cerca de 581.000 euros.
El anterior contrato, correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y 2025, fue gestionado por R&B Sebta por alrededor de 1,5 millones de euros. La nueva adjudicación eleva el coste total hasta los 2,31 millones, aunque también amplía de cinco a siete el número de instalaciones previstas.
Será ahora la jurisdicción contencioso-administrativa la que determine si existieron las irregularidades denunciadas y si procede adoptar alguna medida sobre la adjudicación. Hasta entonces, las afirmaciones de Abogados Cristianos tienen la consideración de acusaciones pendientes de resolución judicial.
