El avance de las importaciones de tomate procedente de Marruecos vuelve a situarse en el centro de las críticas del sector agrícola español. La organización agraria COAG calcula que en los últimos cinco años se han perdido alrededor de 4.000 hectáreas dedicadas al cultivo de tomate, una reducción que habría supuesto la desaparición de unos 24.000 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente a esta producción.
La estimación parte de los datos trasladados por Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien sostiene que cada hectárea destinada al tomate genera aproximadamente seis empleos.
De acuerdo con sus cálculos, España habría pasado de unas 12.000 hectáreas de tomate de invierno a alrededor de 8.000, lo que representa un descenso cercano al 33%.
COAG vincula la pérdida de cultivo a la presión del tomate marroquí
La organización agraria atribuye buena parte de este retroceso a las dificultades que tienen los productores españoles para competir con los precios de los tomates importados desde Marruecos.
“Cada hectárea de tomate genera seis puestos de trabajo y, al perderse 4.000 hectáreas, estamos hablando de unos 24.000 empleos menos”, sostiene Góngora.
La cifra de empleos debe entenderse, por tanto, como una estimación realizada por COAG a partir de su ratio de puestos de trabajo por hectárea, y no como un balance oficial de destrucción de empleo atribuido exclusivamente a las importaciones marroquíes.
Según el representante agrario, la presión competitiva está provocando que algunos productores abandonen el tomate o decidan sustituirlo por otros cultivos.
De 12.000 a 8.000 hectáreas en cinco años
COAG señala que la superficie española destinada al tomate de invierno ha sufrido una reducción considerable durante el último lustro.
“En la península hemos pasado de tener cultivos de tomate en invierno de 12.000 hectáreas a 8.000 hectáreas”, afirma Góngora.
Esto supone una pérdida de unas 4.000 hectáreas, equivalente aproximadamente a un tercio de la superficie existente cinco años atrás.
El sector considera especialmente preocupante que la pérdida de superficie pueda terminar afectando no solo a los agricultores, sino también a almacenes, empresas de manipulado, transporte y otras actividades vinculadas a la cadena hortofrutícola.
La diferencia de precios, en el centro de las críticas
Uno de los principales argumentos de los agricultores españoles es la diferencia existente entre los costes y precios con los que compiten ambos mercados.
Góngora asegura que el régimen comunitario permite la entrada de determinadas partidas de tomate marroquí bajo unas condiciones de precio que sitúa en torno a los 46 céntimos por kilogramo, mientras que la producción española se movería de media alrededor de un euro por kilo.
A juicio de COAG, esta diferencia hace especialmente difícil la competencia para los agricultores nacionales.
La organización califica esta situación de competencia desleal, una valoración defendida por el sector agrario y que forma parte de sus reivindicaciones ante las instituciones españolas y europeas.
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El debate coincide además con la modificación del marco comercial entre la Unión Europea y Marruecos, especialmente en lo relativo a los productos procedentes del Sáhara Occidental.
La modificación fue acordada en octubre de 2025 y se encuentra aplicándose provisionalmente mientras continúa su tramitación institucional.
El objetivo es adaptar el régimen de preferencias arancelarias después de las decisiones judiciales europeas relacionadas con el tratamiento de los productos originarios del Sáhara Occidental.
El asunto deberá volver al Parlamento Europeo, donde los eurodiputados tendrán que pronunciarse sobre las nuevas condiciones comerciales.
Los agricultores reclaman condiciones equivalentes
Las organizaciones agrarias españolas llevan tiempo reclamando que los productos importados cumplan exigencias similares a las impuestas a los productores europeos en aspectos laborales, sanitarios, fitosanitarios y medioambientales.
El sector sostiene que unas reglas diferentes pueden generar desigualdades de costes que terminan repercutiendo directamente en la rentabilidad de las explotaciones españolas.
En el caso del tomate, COAG considera que la reducción de superficie experimentada durante los últimos cinco años demuestra que la situación está teniendo consecuencias estructurales.
La organización teme que, si continúa esta tendencia, España siga perdiendo capacidad productiva y empleo agrícola, especialmente en algunas de las principales zonas hortofrutícolas.
Por ahora, los datos aportados por COAG sitúan la caída en 4.000 hectáreas y estiman en 24.000 los empleos asociados a esa superficie, mientras el sector mantiene la presión sobre España y Bruselas para revisar las condiciones con las que compiten los productos importados.
