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La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha convertido en el centro de una fuerte disputa política tras la convocatoria de concentraciones de apoyo a Ceuta frente a todos los ayuntamientos de España. Las movilizaciones, fijadas para el próximo 2 de septiembre a las 20:00 horas, han provocado la protesta de la mayoría de las fuerzas de la oposición en el organismo, que acusan a la presidenta de la institución y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), de tomar la decisión de forma unilateral.
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El ambiente político llega crispado debido a que la protesta tendrá lugar solo un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca de manera extraordinaria en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta.
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Falta de acuerdo institucional
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En un comunicado conjunto firmado por los portavoces de PSOE (Javier Ayala), IU (Aida Castillejo), ERC (Jordi Verdú) y Junts (Miquel Noguer), la oposición exige a García-Pelayo una rectificación por haber actuado a «hechos consumados». Según denuncian, ni la convocatoria de las protestas, ni el traslado de la Junta de Gobierno de septiembre a Ceuta, ni la cesión de un puesto en el Comité de las Regiones al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, han contado con el respaldo de los órganos de gobierno de la FEMP.
«La presidenta de la FEMP ha actuado de forma unilateral y haciendo un uso partidista de la institución, faltando el respeto a la normativa y procedimientos internos», señala el texto conjunto de los grupos locales.
Los grupos firmantes defienden que la solidaridad del municipalismo ante crisis pasadas —como la pandemia, la erupción de La Palma o la guerra de Ucrania— siempre se articuló desde la lealtad institucional y el consenso, algo que consideran roto en esta ocasión.
Críticas cruzadas
Mientras el Partido Popular ha llamado abiertamente a la ciudadanía a respaldar las concentraciones a través de las redes sociales, desde la dirección federal de Izquierda Unida han calificado la iniciativa de «maniobra» para obtener rédito político de la situación en Ceuta. Desde la formación acusan al PP de actuar con hipocresía por convocar estas marchas mientras sus gobiernos autonómicos junto a Vox obstaculizan la acogida de menores no acompañados en la península.
