La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia caídas del 60 % en las ventas de los establecimientos de la zona, mientras el TSJM concluye el plazo para que la Delegación del Gobierno presente alegaciones sobre el desalojo de la plaza.
MADRID — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado este miércoles la presión institucional contra el Gobierno central a cuenta de la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. La dirigente del Partido Popular ha acusado directamente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de convertir el centro de la capital «en un campamento político» del que, según ha denunciado, «los madrileños pagan la factura».
A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz Ayuso ha censurado que el espacio público permanezca «ocupado a hechos consumados» y «vandalizado», señalando las repercusiones económicas que la protesta está generando en el tejido empresarial del entorno. Según los datos aportados por la jefa del Ejecutivo autonómico, la presencia de la acampada está «asfixiando» a los comercios de la zona, que registran caídas en sus ventas de hasta un 60 %.
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Vía judicial decisiva en el TSJM
Las manifestaciones de la presidenta regional se producen en un momento clave de la batalla judicial emprendida por la Comunidad de Madrid para forzar el levantamiento de la protesta. Tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a adoptar las medidas cautelarísimas de urgencia solicitadas la semana pasada, el alto tribunal madrileño encara la fase decisiva para resolver el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Delegación del Gobierno.
En su resolución del pasado lunes, los magistrados del TSJM admitieron la concurrencia de «circunstancias de especial urgencia», pero rehusaron decretar la intervención policial inmediata sin escuchar previamente a la Administración General del Estado. El tribunal justificó esta cautela dada la posibilidad de que la ejecución del desalojo requiera el uso de la «compulsión física sobre las personas acampadas», fijando como límite las 9:00 horas de este miércoles para que la Delegación del Gobierno remita sus alegaciones antes de emitir un pronunciamiento definitivo.
