Las centrales mayoritarias y las plataformas de acampados acuerdan convocar el primer paro general apoyado por UGT y CC.OO. en 14 años, mientras la patronal y la oposición tachan la cita de «inadmisible» y predominantemente política.
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MADRID — Las principales organizaciones sindicales que respaldan las movilizaciones por la crisis del mercado inmobiliario han acordado con los representantes de las acampadas ciudadanas la fecha para la huelga general por el derecho a la vivienda. El paro multitudinario se celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre, situando la protesta a escasos dos días del arranque oficial de la campaña electoral para los comicios generales del 29-N.
La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de las grandes centrales de clase, así como de sindicatos de ámbito autonómico como la gallega CIG y las vascas ELA y LAB, si bien colectivos como el Sindicato de Inquilinas prevén matizar los detalles del acuerdo en las próximas horas. La jornada supondrá la novena huelga general apoyada por Comisiones Obreras y UGT en la historia de la democracia española, y la primera de estas características desde el 14 de noviembre de 2012, fecha en la que se protestó contra los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera.
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Rechazo de la patronal y los partidos de la oposición
La fijación de la huelga a las puertas de la apertura formal de las urnas ha desatado una agria marejada de críticas entre la patronal y la oposición conservadora. Las confederaciones empresariales CEOE y Cepyme han tildado de «inadmisible» la convocatoria, argumentando que las reivindicaciones «no son de naturaleza laboral» y denunciando que se traslade a las empresas y a la actividad económica el coste de un mecanismo de presión «orientado a señalar la gestión del Gobierno». En esta misma línea, el Partido Popular y Vox han arremetido contra la oportunidad del paro, acusando a las centrales sindicales de actuar con intencionalidad electoralista.
Frente al rechazo del sector empresarial y la derecha, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mostrado su neutralidad institucional ante la convocatoria asegurando que el conflicto atañe a una problemática real que «afecta a muchos trabajadores y a sus familias», por lo que su Gabinete se limitará a «respetar un derecho constitucional».
