La ciudad autónoma atiende a 2.827 menores no acompañados a la espera de la activación completa de la contingencia migratoria y en medio de un cruce de acusaciones entre el Gobierno central y la Ejecutiva regional.
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Ceuta. – Transcurridos más de dos meses desde el inicio de la severa crisis migratoria, la capacidad asistencial de Ceuta continúa colapsada. La ciudad autónoma acoge en la actualidad a 2.827 menores no acompañados (695 chicas y 1.804 chicos), una cifra desvelada por el consejero Alberto Gaitán en la Asamblea que pulveriza los recursos disponibles al multiplicar por más de treinta su capacidad ordinaria fija, fijada en 87 plazas.
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Esta sobreocupación extrema ha llevado a la Administración autonómica a promover la aplicación de la «contingencia migratoria extraordinaria», mecanismo diseñado para articular el traslado financiado de menores hacia la Península Ibérica bajo criterios de solidaridad entre comunidades autónomas. Sin embargo, el proceso de derivación se está ejecutando de forma lenta, condicionado por la falta de un marco de obligatoriedad estricto para las autonomías receptoras y la negativa explícita de algunas formaciones políticas a participar en los repartos.
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Ruptura institucional antes de la visita real
La saturación de los centros asistenciales coincide con un periodo de máxima tirantez política entre la Moncloa y la Ejecutiva autonómica que encabeza Juan Jesús Vivas. Las relaciones se encuentran en un punto crítico tras acusar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al presidente ceutí de «deslealtad», confirmando además que Pedro Sánchez no acompañará a los Reyes Felipe VI y Doña Letizia en su visita oficial a la ciudad autónoma programada para este próximo martes 13 de octubre.
El desencuentro institucional abarca también la gestión del auxilio solicitado durante el estallido de la crisis. Vivas ha llevado ante notario el registro de llamadas dirigidas al Gobierno central en las jornadas previas al repunte migratorio para demostrar la falta de respuesta gubernamental, mientras que el Ejecutivo central rechaza esta versión, situando la responsabilidad de la custodia en el ámbito de las competencias autonómicas.
