El Gobierno ha dado un paso adelante para abordar la crisis ferroviaria con la aprobación de un Real Decreto-ley que busca reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y mejorar la protección social de los profesionales del sector. Esta decisión se produce en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores ferroviarios, quienes han convocado huelgas para los días 17 y 23 de noviembre.
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El vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, ha sido una figura clave en la elaboración de estas medidas, aunque no compareció públicamente ayer. En su lugar, el Gobierno anunció la creación de un defensor de las víctimas de accidentes de transporte colectivo y nuevas competencias para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
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Medidas para los trabajadores ferroviarios
Entre las medidas aprobadas, se incluye la concesión de más autonomía operativa para los maquinistas, permitiéndoles detener un tren si consideran que existe un riesgo grave e inminente para la seguridad. Esta medida responde a una demanda de los sindicatos ferroviarios que se intensificó tras la catástrofe de Adamuz, en Córdoba.
Además, el Real Decreto-ley contempla la posibilidad de jubilaciones anticipadas para los maquinistas de las empresas Ouigo e Iryo, extendiendo así el régimen de Seguridad Social que ya se aplica en Renfe. Esta decisión se basa en los coeficientes reductores de jubilación previstos en el artículo 3 del RD 2621/1986.
Respuesta a la crisis y a las víctimas
El Gobierno también ha respondido a la indignación de las víctimas de accidentes ferroviarios, como el ocurrido en Urda, Toledo, y el de Adamuz, con la creación de un defensor de las víctimas. Esta figura busca atender las quejas y preocupaciones de los afectados por accidentes de transporte colectivo.
La aprobación de estas medidas se produce en un momento crítico, ya que el Gobierno busca desmovilizar las huelgas convocadas por los trabajadores ferroviarios y calmar la indignación de las víctimas antes del inicio de la campaña electoral. El anuncio coincide con el funeral de las víctimas del accidente de Urda, lo que añade presión a la gestión gubernamental de esta crisis.
