La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha exigido este martes a la dirección de TikTok la suspensión voluntaria de sus operaciones en España tras la divulgación de una investigación periodística que revela la presencia de miles de contenidos de violencia sexual infantil en la red social. Ante la falta de compromisos concretos por parte de los representantes de la plataforma durante una reunión de urgencia, el departamento gubernamental ha solicitado formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la adopción de medidas cautelares para ejecutar el bloqueo de la aplicación en todo el territorio nacional.
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Para fundamentar la petición de cierre provisional, la titular de Juventud e Infancia ha apelado a la aplicación del artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta cláusula de salvaguardia faculta a las autoridades de control nacionales a imponer restricciones inmediatas por un periodo máximo de tres meses en circunstancias excepcionales, cuando exista una amenaza urgente que comprometa los derechos y libertades fundamentales de los usuarios, en este caso la protección integral de los menores.
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Insuficiencia en los sistemas de moderación y respuesta de la compañía
La actuación ministerial se desencadenó tras la publicación de un informe del medio Maldita.es, en el que se identificaron más de 1.000 vídeos y 20.000 perfiles vinculados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual a menores. Tras el encuentro con la delegación de la tecnológica, Rego recriminó a la compañía su falta de voluntad para someterse a auditorías independientes o implantar mecanismos eficaces de verificación de edad, señalando que la empresa se limitó a diferir su respuesta sin aportar soluciones operativas inmediatas.
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Por su parte, portavoces oficiales de TikTok —plataforma que cuenta con 26 millones de usuarios mensuales en el país— aseguraron que la protección de la comunidad constituye su máxima prioridad y reafirmaron la prohibición categórica de estos materiales. Sin embargo, la empresa admitió la existencia de fisuras en sus algoritmos de detección frente a las tácticas cambiantes de las redes delictivas, al tiempo que criticó al medio investigador por no haber compartido de forma previa los hallazgos técnicos.
Remisión a la Fiscalía y debate sobre la suspensión de servicios
De forma paralela a las actuaciones ante los organismos de protección de datos, la ministra Rego ha trasladado el expediente a la Fiscalía General del Estado para que evalúe el alcance penal de las deficiencias detectadas en la moderación de contenidos. El escrito remitido al Ministerio Público solicita la adopción de cuantas medidas cautelares resulten procedentes para salvaguardar a la infancia, sin descartar la interrupción de los servicios digitales de la empresa matriz en España.
Desde la cúpula del Ministerio de Juventud e Infancia se ha subrayado que la seguridad de los menores no puede quedar supeditada a los intereses comerciales de las grandes corporaciones ni a esquemas de autorregulación. La iniciativa abre un precedente normativo en la Unión Europea sobre la responsabilidad directa de las plataformas en el diseño de sus algoritmos y en la contención de delitos graves en el entorno digital.
