Según informa el diario Público, los Defensores y Defensoras del Pueblo han firmado una declaración conjunta para exigir la puesta en marcha de un plan estratégico nacional de atención a menores migrantes que viajen solos.
El documento, que se firmó en Tarifa por todas las Defensorías del Pueblo del país, reclama que en el hipotético plan nacional estratégico prime la condición de menor y el derecho a la protección de la infancia frente a la condición de persona migrante, para garantizar que a los menores migrantes se les ofrezca una atención coordinada, solidaria, ordenada y responsable entre los territorios del país.
El diario Público recoge que el Defensor del Pueblo en Andalucía, Jesús Maeztu, declaró en su momento que «un menor nunca es un inmigrante. Un niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se le pueden ni se le deben añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico debe ser siempre y en todos los casos el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera”.
Esta declaración conjunta pretende sentar un precedente en el tratamiento y asistencia que el Estado ofrece a los menores migrantes. El objetivo principal es conseguir que se garanticen la acogida, la integración y cooperación frente a la criminalización de los adolescentes y jóvenes migrantes. Además, las Defensorías firmantes asumen en el texto que ellas mismas deben “garantizar las actuaciones” de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad. Finalmente, advierten que “estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con independencia del grado de autonomía personal que hayan alcanzado”.
