Cerca de 12.000 personas han sido desplazadas hacia el sur en medio de robos, palizas y torturas. La llegada por la ruta de Canarias se ha multiplicado por seis este año. Critica que se sigan vulnerando los derechos humanos incluso en la cuarentena
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó el pasado jueves su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2020 el que denuncia que el descenso de migrantes en la Frontera Sur se sostiene gracias a la subcontratación por parte de España de la violencia de Marruecos contra las personas subsaharianas que intentan llegar a Europa por esta vía.
APDHA ha criticado que es necesario poner el foco en las causas y los efectos que han producido ese descenso a la mitad de llegadas en 2019, que sigue vigente en 2020 con una reducción del 31%, según los datos del ministerio del Interior publicados en su último informe. “El Gobierno español era plenamente consciente de que poner en manos del régimen marroquí la gestión de la frontera sur europea implicaba el uso intensivo y extensivo de una desatada represión extremadamente violenta contra las personas de origen subsahariano”, denuncian desde la organización.
La reducción en la llegada de pateras a las costas españolas está íntimamente ligada a esa terrible represión, confirman desde la asociación, que alerta de que entre 11.600 y 12.000 personas migrantes han sido desplazadas hacia el sur “de forma muy agresiva, en medio de robos, palizas y torturas”, según la Asociación Pateras de la Vida, y que se observa una “desquiciada violencia” en los campamentos de personas migrantes en los bosques cercanos a las fronteras de Ceuta y Melilla.
Teniendo en cuenta las razones que justifican el descenso en las llegadas de pateras, “resulta deplorable cómo todavía existen dirigentes públicos o partidos políticos que se congratulan de que el descenso siga produciéndose. Y ello además, a pesar de que 585 personas perdieron la vida o desaparecieron en el mar durante el 2019, y de que, según el seguimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en 2020 son ya 109 las que han perdido la vida, sobre todo en la ruta de las Islas Canarias”.
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La asociación advierte que el relato que se construye políticamente sobre las migraciones y fronteras europeas, y en concreto sobre la frontera sur, dista mucho de la realidad, y se elabora con el objetivo de criminalizar a las personas migrantes y legitimar el racismo institucional y todo tipo de actuaciones que vulneran los derechos humanos de estas personas.
Así, la organización explica que “la idea que se vende de que la principal vía de llegada irregular a España es en patera y por personas negras es falsa, no se corresponde para nada con la realidad migratoria de España”, la llegada de personas procedentes de países subsaharianos es tan reducida que ni siquiera aparece entre las 15 nacionalidades con mayor presencia en el territorio nacional, según el INE.
La criminalización y las prácticas discriminatorias, afirman, “se modulan según los intereses del momento, sobre todo el económico, porque es precisamente en este 2020 cuando se ha puesto de manifiesto que los trabajos más precarizados y peor considerados socialmente están ocupados principalmente por personas migrantes y han resultado ser fundamentales para el sostenimiento de la vida”. Aluden así a la falta de consideración de las trabajadoras de hogar y cuidados, que en su mayoría son mujeres migrantes que trabajan en la economía sumergida y que no han podido acceder al subsidio extraordinario para personas empleadas de hogar, o la prometida regularización para aquellas personas que trabajen en la agricultura por el cierre de fronteras y la imposibilidad de contratar a personas en origen.
La afluencia por la ruta de Canarias se ha multiplicado por seis, según las estadísticas del Ministerio del Interior, ha pasado de 396 llegadas en el primer semestre de 2019 a 2.642 en el de 2020. En relación a la situación de las personas que arriban durante el estado de alarma, opinan, “es lamentable que sigan vulnerando los derechos humanos incluso durante la cuarentena, a pesar de que existe una orden del Ministerio de Sanidad, lo que ha provocado la interposición de denuncias por parte de APDHA, tras los episodios de abandono y las indignas condiciones a las que se han sometido a las personas que han llegado recientemente a Motril o Canarias”.
Estas “prácticas irrespetuosas” son denunciadas en los artículos de investigación que completan el informe presentado, que contiene un estudio sobre las vulneraciones de los derechos humanos en la frontera franco-española y la ruta de los Balcanes, un análisis sobre el espacio fronterizo hispano marroquí y la migración en el contexto del cambio climático y los desastres ambientales, la gestión de las migraciones desde los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y una reflexión desde el feminismo sobre la trata de seres humanos.
