La Junta de Personal de la Administración General del Estado (AGE) denuncia que «se ha ocultado de manera negligente el confinamiento de un funcionario policial poniendo en riesgo sanitario al resto de trabajadores y usuarios de la comisaría»
Nueva reunión de «alto nivel» entre las instituciones La Junta de Personal de la Administración General del Estado (AGE) en Ceuta, a través de su presidenta, Yolanda Aparicio (UGT), ha denunciado la «actuación negligente» de las autoridades locales «ocultando el confinamiento» de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de Gestión en la Comisaría de Ceuta, «poniendo en grave riesgo la salud del resto de funcionarios, quienes han desconocido completamente esta circunstancia transcurriendo diez días desde que el funcionario policial presentó los síntomas de la COVID-19 hasta que ha dado positivo».
Denuncia el órgano sindical que «durante este tiempo, no sólo se ha ocultado el hecho, sino que no se ha aplicado protocolo sanitario alguno o medida preventiva para garantizar la salud de los trabajadores de este centro». La Junta de Personal ha pedido que se depuren las responsabilidades oportunas.
La presidenta de este órgano se ha dirigido por escrito al Ministerio del Interior –Dirección General de la Policía-, Delegación del Gobierno y Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, denunciando «la ocultación temeraria de este hecho y expresando su protesta por el grave riesgo sanitario que ha supuesto, no sólo para los funcionarios, sino también para muchos ciudadanos de Ceuta y usuarios de la Comisaría, que durante estos diez días han acudido a dichas instalaciones policiales a realizar trámites, especialmente a las oficinas de expedición del D.N.I» exponen desde la Junta en un comunicado.
“Dicha ocultación está generando una grave situación de riesgo sanitario en las dependencias de la comisaría y a los usuarios que acceden a las dependencias para la realización de sus gestiones”, sostiene en el escrito la ugetista Aparicio dirigido a los citados estamentos de la administración. Para la Junta de Personal de la AGE, «no sólo se ha incumplido de manera temeraria la Instrucción de Medidas Preventivas frente a la COVID-19 para la Administración General del Estado, sino también se ha infringido el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19″.
Te interesa
A juicio de la Junta, se ha evidenciado una «grave despreocupación y desidia» por los funcionarios de la Comisaría: «Nadie ha tomado ninguna medida preventiva, nadie ha aplicado ningún protocolo, nadie ha desinfectado las instalaciones… Se ha ocultado este hecho de manera temeraria”, sostiene Yolanda Aparicio, quien añade que «todo ello ha sido una muestra más de la dejadez y el desinterés por los trabajadores y trabajadoras de la Administración del Estado, especialmente de los funcionarios de la Comisaría de Policía, quienes vienen soportando ya dificultades para realizar sus funciones en unas pésimas instalaciones, con reducidas dimensiones, sin ventilación, hacinamiento… Esta circunstancia ya ha sido denunciada con anterioridad por la Junta de Personal de la Administración del Estado».
En esta coyuntura, la presidenta de la Junta de Personal de la Administración del Estado ha instado a que, «de manera inmediata y urgente», se realicen las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la salud y la seguridad en estas instalaciones, de conformidad con lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo del Ministerio de Sanidad. Para la Junta, igualmente es necesario que «se depuren las responsabilidades de quienes debían haber actuado en defensa de la seguridad sanitaria dentro de la Comisaría de Policía”, sostiene el escrito dirigido al Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno. En este sentido, “no es normal”, habiéndose producido el confinamiento de este funcionario policial hace ya diez días, y tras la confirmación del positivo por COVID-19, que se “haya procedido a la ocultación negligente, y a la puesta en riesgo de funcionarios y usuarios de la Comisaría de Policía de Ceuta”, señala el escrito. A la Junta de AGE le consta que, por parte de la Delegación del Gobierno se han realizado gestiones para aclarar lo sucedido y para tomar las medidas sanitarias que fuesen necesarias
