Para Amnistía Internacional es «es un hecho que este tipo de programa espía altamente invasivo representa un peligro real para la privacidad y la seguridad de cualquier persona» y aboga porque «debe ser declarado ilegal ya»
Ante la noticia del archivo en España de la causa seguida en relación con el programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group debido a la “falta de cooperación” de Israel, con el que presuntamente se habría infectado el teléfono del presidente del gobierno de España y de algunos miembros de su gobierno, Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio sobre Seguridad de Amnesty Tech, ha declarado que “esta manifiesta falta de cooperación por parte de las autoridades israelíes con la investigación penal española es sintomática de la impunidad que rodea el uso indebido de los programas espías y de la tecnología de cibervigilancia. El hecho de que las autoridades israelíes ni siquiera hayan respondido al máximo órgano judicial penal español muestra la total insuficiencia de unas supuestas vías de reparación en relación con violaciones de derechos cometidas por la industria de los programas espías».
En esta línea ha apuntado que este caso también pone de manifiesto «el planteamiento deficiente y permisivo hacia la regulación internacional de los sistemas de cibervigilancia. Los Estados, incluidos los de la Unión Europea, no deben permitir que las empresas exporten libremente estas tecnologías potencialmente perniciosas por el mundo y eludan toda responsabilidad después, cuando se hace un uso indebido, peligroso e ilegal de ellas».
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Además, ha añadido el peligro que supone para la privacidad y la seguridad, “es un hecho que este tipo de programa espía altamente invasivo representa un peligro real para la privacidad y la seguridad de cualquier persona y que se ha convertido en el arma preferida de los gobiernos que tratan de silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo innumerables vidas en peligro. Debe ser declarado ilegal ya.”
El diario The Guardian informó el martes de que el juez español que investigaba el programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group que había infectado los teléfonos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de miembros de su gabinete, había archivado provisionalmente su investigación debido a la “absoluta” falta de cooperación de Israel.
La vigilancia selectiva ilegítima viola el derecho a la privacidad y puede dar lugar a violaciones de muchos otros derechos humanos, entre ellos los relativos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
El presidente estadounidense Biden tomó en marzo una primera medida significativa para abordar la crisis de programas espía al firmar una orden ejecutiva que limita el uso por el gobierno estadounidense de tecnología de software espía comercial.
El gobierno estadounidense y los gobiernos de todo el mundo deben ir más allá y prohibir los programas espía altamente invasivos, es decir, aquéllos que tienen funciones que no pueden limitarse y cuyo uso no se puede auditar de forma independiente.
