La violencia de género en Brasil alcanza cifras alarmantes: hasta septiembre de 2025, más de 1.075 mujeres han sido asesinadas, lo que representa un promedio de cuatro muertes diarias, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Las estadísticas muestran un incremento constante desde la tipificación del feminicidio en 2015, pasando de alrededor de 500 casos anuales a 1.492 en 2024, y con proyecciones para 2025 que superan ya los registros anteriores.
Entre los casos más recientes, Taina Souza Santos, de 31 años y madre de dos hijos, permanece hospitalizada en São Paulo tras ser atropellada deliberadamente por un hombre con quien habría tenido una relación previa. Solo en los últimos diez días, se registraron asesinatos y ataques similares en Recife, Florianópolis, Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, afectando tanto a mujeres jóvenes como adultas y dejando a algunos niños huérfanos.
El Anuario Brasileño de Seguridad Pública revela que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, y que seis de cada diez asesinatos son cometidos por la pareja. Además, un 68 % de las víctimas son mujeres negras, evidenciando la intersección entre racismo y violencia de género en el país. Las edades de las víctimas abarcan desde niñas de menos de un año hasta mujeres de más de 44 años, aunque la mayor parte tiene entre 18 y 44 años.
Expertos señalan que la violencia comienza a menudo de manera silenciosa, con insultos, empujones o agresiones que no siempre se denuncian. La dependencia económica y la falta de acceso a recursos como guarderías, vivienda segura y empleo contribuyen a que muchas mujeres permanezcan con sus agresores.
A este panorama se suma el auge de movimientos digitales misóginos que promueven el odio hacia las mujeres y normalizan la violencia. Casos como el del influencer Thiago Schutz, detenido tras agredir a su pareja, ponen de relieve la expansión de estas ideologías en redes sociales.
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A pesar de la existencia de leyes como la Ley Maria da Penha y penas de hasta 40 años por feminicidio, persisten la impunidad y la falta de medidas preventivas efectivas. Entre 2023 y 2024, al menos 121 mujeres con Medida Protectora de Urgencia activa fueron asesinadas, demostrando que la protección legal muchas veces llega demasiado tarde.
Organizaciones civiles y especialistas insisten en que la lucha contra el feminicidio requiere no solo leyes más estrictas, sino políticas de prevención, educación y asistencia económica que permitan a las mujeres escapar de la violencia antes de que sea fatal.
