Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado sobre el impacto negativo que puede tener la ampliación de las prestaciones económicas en el Sistema de Dependencia, señalando que esta tendencia debilitaría la capacidad de protección del sistema. La organización sindical ha reclamado que la anunciada reforma de la Ley de Dependencia priorice la financiación de servicios profesionales de calidad, garantizando así una atención adecuada para las personas beneficiarias.
El aumento de las prestaciones económicas genera riesgos de exclusión
Según datos de CCOO, el 41,5% de las personas dependientes reciben atención mediante prestaciones económicas para cuidado familiar, a pesar de que la Ley las define como excepcionales. Estas prestaciones benefician a más de 618.000 personas, de las cuales un 72% son cuidadas por mujeres, mayoritariamente familiares directos, muchas de ellas mayores de 80 años.
La posible inclusión de cuidadores del entorno relacional, como amigos de las personas dependientes, está regulada desde 2013 por el Real Decreto 1051/2013. Actualmente, cerca del 9% de los cuidadores no son familiares directos, pero CCOO advierte que este modelo no garantiza el mismo nivel de calidad en la atención que los servicios profesionales.
Por otro lado, el 14,8% de los dependientes, unas 200.000 personas, dependen de prestaciones económicas vinculadas a un servicio, lo que exige un «doble copago» para las familias: cubrir tanto la parte no financiada por la prestación como la diferencia entre esta y el coste del servicio privado contratado. Esto, advierte CCOO, genera situaciones de exclusión para las familias con menor capacidad económica.
Servicios profesionales: la clave para garantizar la calidad
Actualmente, los servicios profesionales sostenidos con fondos públicos —como ayuda a domicilio, centros de día o residencias— atienden al 43% de las personas dependientes, unas 640.000. Estos servicios son proporcionados por más de 525.000 trabajadores, quienes garantizan una atención especializada y de calidad.
CCOO considera que la reforma de la Ley de Dependencia debe centrarse en reforzar esta red de servicios profesionales, asegurando una financiación pública suficiente y estable que permita atender adecuadamente a las personas dependientes. Para la organización sindical, priorizar este enfoque es esencial para evitar la infra-protección y la exclusión asociadas a un sistema que privilegie las prestaciones económicas frente a los servicios profesionales.
«Es fundamental que el Sistema de Dependencia refuerce su capacidad de atención profesional para garantizar la igualdad en el acceso y la calidad de los cuidados, sin depender de la capacidad económica de las familias», concluye CCOO.
