Los sindicatos denuncian que Correos ha decidido «normalizar» la actividad en el plazo de pocos días, «saltándose» los criterios de «gradualidad y prudencia» adoptados por el propio Gobierno. Consideran que la compañía está poniendo nuevamente, como al inicio de la crisis sanitaria, «el negocio por delante de las personas» y han calificado la medida de «irresponsable y arriesgada»
Lee tambien: Yolanda Díaz acusa de corrupción a las empresas y prepara una ley para blindar a los trabajadores denunciantes
Tras el anuncio por parte de Correos de su “vuelta a la normalidad” en el plazo de una semana, CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios de Correos, han reiterado su preocupación ante una decisión que se «adelantó» al plan de desescalada del Gobierno aprobado en el último Consejo de Ministros y que por añadidura «contradice claramente los criterios de prudencia y gradualidad que marcan el plan del Ejecutivo».
CCOO y UGT han insistido en que el plan de Correos supondrá la práctica actividad total en el plazo de una semana, plazo que consideran «precipitado y arriesgado», para los trabajadores y trabajadoras y para la propia ciudadanía, pues supone la apertura de sus oficinas de atención al público en horario completo, con más de 10.000 trabajadores/as, y la activación de 18 grandes centros logísticos (que cuentan con plantillas de 6.000 trabajadores) así como las 1.700 unidades de reparto en las que están destinados/as 35.000 carteros y carteras que recorrerán, nuevamente, las calles y acudirán a los domicilios de millones de ciudadanos.
Lee tambien: CSIF exige coordinación y recursos en Ceuta para empleados públicos
En este sentido, CCOO y UGT recuerdan que el colectivo de Correos cuenta con la «mayor incidencia de casos de coronavirus», tras el personal sanitario, con más de 3.000 casos y 900 positivos y más de 2.200 en cuarentena en todo el Estado, según las cifras remitidas por la empresa a las organizaciones sindicales el 13 de abril, fecha desde la que el presidente de Correos «ordenó que no se proporcionen informes del coronavirus entre la plantilla a pesar de haber recibido indicaciones de SEPI y Fomento en sentido contrario». Además, los sindicatos aseguran que la empresa «no ha aclarado los lugares en que se han distribuido miles de mascarillas defectuosas entre la plantilla, sin que se hayan tomado medidas de ningún tipo para evaluar las consecuencias de tal distribución, y antes al contrario adelantó a los representantes de los trabajadores que no realizará test de ningún tipo». Por otra parte el presidente de Correos, continúan los sindicatos, no ha respondido aún a las preguntas de los sindicatos sobre el caos provocado en el proceso de adquisición de las mascarillas.
Finalmente, CCOO y UGT han calificado de «lamentable» que la cúpula directiva de Correos, la «mayor empresa pública del país», haya utilizado el «chantaje y el miedo para presionar a los/as trabajadores/as», anunciando «eventuales riesgos para hacer frente a las nóminas, o haya puesto la excusa de una supuesta presión de grandes clientes –que en algunos casos como el de Amazon, han reducido su actividad en Francia- para condicionar la imposición de una precipitada desescalada«. Ambos sindicatos han exigido al presidente de Correos que aplique los criterios del Gobierno, en palabras de su presidente: “Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, el Gobierno de España va elegir la prudencia”.
