La Delegación del Gobierno coordina una mesa de trabajo con justicia, fuerzas de seguridad y servicios sociales para analizar los 318 casos activos que registra la ciudad.
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CEUTA – Con el objetivo de blindar la seguridad de las mujeres y perfeccionar los protocolos de respuesta, la Delegación del Gobierno en Ceuta celebra este martes una reunión clave de coordinación del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). El encuentro, presidido por el delegado Miguel Ángel Pérez Triano, busca radiografiar la situación actual y fortalecer el engranaje entre las distintas administraciones.
Un frente común contra la violencia
La reunión destaca por su carácter multidisciplinar, sentando en la misma mesa a los principales actores implicados en la protección y asistencia. Según detalla El Pueblo de Ceuta, el foro contará con la presencia de:
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- Mandos policiales: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.
- Poder Judicial: La Jueza del Juzgado nº 4 y la Fiscal Delegada de Violencia Sobre la Mujer.
- Área Social y Asistencial: La Consejera de Servicios Sociales, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, Cruz Roja y responsables de Igualdad.
Análisis de la situación actual
El foco de la jornada estará puesto en la coordinación policial y judicial, así como en la evaluación de los recursos asistenciales disponibles. Los participantes abordarán posibles mejoras en los mecanismos de seguimiento y detectarán necesidades en materia de formación para que la atención sea cada vez más eficaz.
El objetivo principal es reforzar la coordinación institucional y abordar mejoras en los mecanismos de protección y atención a las víctimas.
Radiografía de los datos en Ceuta
La relevancia de este encuentro viene respaldada por las cifras actuales del sistema. A día de hoy, Ceuta mantiene 318 casos activos en el sistema VioGén, que afectan a 312 víctimas y constan de 317 autores registrados. Estas cifras subrayan la necesidad de mantener un seguimiento exhaustivo y una comunicación constante entre los servicios sociales, judiciales y las fuerzas de seguridad para evitar cualquier brecha en la protección de las mujeres.
