MADRID – El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, tiene como objetivo principal establecer la gestión directa como la fórmula preferente en la prestación de servicios sanitarios, poniendo fin a décadas de expansión de modelos de gestión privada en hospitales y centros de salud públicos.
La ley supone un cambio de paradigma en el marco jurídico español al derogar la Ley 15/1997, una norma aprobada durante el mandato de José María Aznar que abrió las puertas a la entrada de empresas privadas en la gestión de servicios públicos de salud, dando lugar a modelos como los de Ribera Salud o el Grupo Quirón en diversas comunidades autónomas.
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Claves de la nueva normativa:
- Prioridad absoluta a la gestión pública: La gestión directa (realizada por la propia administración o entes del sector público) se convierte en la regla general. Cualquier otra forma de gestión se considerará excepcional.
- Limitación drástica de la gestión indirecta: Para que una administración pueda recurrir a una empresa privada o a la gestión indirecta, deberá demostrar mediante informes técnicos que no es posible la prestación directa. Además, se exigirá acreditar que la opción privada es más eficiente, financieramente sostenible y que garantiza la misma calidad y accesibilidad que la pública.
- Fin de los modelos de «colaboración público-privada» (PFI): La ley prohíbe explícitamente los contratos donde una empresa privada se encarga simultáneamente de la construcción del hospital y de la gestión posterior de los servicios sanitarios, una fórmula que ha generado fuertes críticas por su elevado coste a largo plazo.
- Facilitar la reversión de servicios: El texto incluye mecanismos de asesoramiento y apoyo técnico para aquellas comunidades autónomas que decidan recuperar la gestión pública de centros que actualmente están en manos privadas, asegurando una transición estable.
- Mayor transparencia y control: Se crean comités de evaluación y se refuerza el papel de la Alta Inspección del Estado para supervisar que los conciertos privados cumplan estrictamente con los estándares de calidad y no supongan un sobrecoste para las arcas públicas.
Justificación basada en la eficiencia
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que esta ley responde a la evidencia científica y económica. Según los informes manejados por el Ejecutivo, los sistemas de gestión directa presentan mejores resultados en indicadores clave como la mortalidad por infarto o ictus y una mayor capacidad de retención de plantillas en comparación con los modelos privatizados.
«La sanidad no es un negocio para fondos de inversión, sino un derecho de la ciudadanía que debe ser protegido», ha declarado la ministra, insistiendo en que el objetivo es «blindar» el sistema frente a posibles procesos de fragmentación y falta de transparencia.
Próximos pasos
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Se espera que la norma cuente con el apoyo del bloque de la investidura, aunque se prevé un intenso debate político, especialmente con los gobiernos autonómicos que han hecho de la colaboración público-privada una seña de identidad de su gestión sanitaria.
