Bai Tianhui, ex gerente general de China Huarong International Holdings, fue ejecutado este martes tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por un total de 1.100 millones de yuanes (aproximadamente 133 millones de euros). Este caso se suma a la implacable campaña anticorrupción que Pekín mantiene sobre el sector financiero y la administración estatal.
Bai, quien dirigía Huarong, filial del grupo estatal China Huarong Asset Management, fue condenado a muerte en mayo de 2024 por un tribunal chino que determinó que había utilizado su cargo para otorgar favores financieros a cambio de comisiones millonarias. Su ejecución pone fin a un caso que refleja cómo la compañía, inicialmente dedicada a sanear créditos incobrables de pequeños bancos, se transformó en un conglomerado financiero complejo y con prácticas opacas.
El caso de Bai recuerda al de su antiguo superior, Lai Xiaomin, ex presidente de Huarong, ejecutado en 2021 por malversar fondos públicos y recibir sobornos por 1.790 millones de yuanes (217 millones de euros), en uno de los mayores escándalos corporativos recientes de China.
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En los últimos años, otros altos cargos del sector financiero han sido condenados a la pena capital. Este mismo año, el expresidente del Bank of China y el ex vicepresidente del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) recibieron sentencias similares por corrupción millonaria. La ofensiva anticorrupción china ha alcanzado a más de cinco millones de personas, incluyendo cerca de un millón y medio de funcionarios, con el objetivo de reafirmar el control del Partido Comunista sobre el poder político y económico.
China sigue manteniendo la pena de muerte para delitos graves que incluyen corrupción y tráfico de drogas, con cifras de ejecuciones que superan al resto del mundo combinado, según Amnistía Internacional. En todos los casos, las decisiones de ejecución requieren revisión del Tribunal Supremo y la fijación de la fecha para la aplicación de la pena, ya sea mediante inyección letal o fusilamiento.
