El diputado de la Asamblea de Ceuta por Ciudadanos Javier Varga ha expuesto esta mañana el parecer de su formación al hilo del cierre de la instrucción del Caso Emvicesa. Este caso estalló a los diez días, ha declarado Varga, de llegar a la asamblea. Para Varga el auto supone «una vuelta de tuerca a la situación en la que estaban», y argumenta «ya no se habla de imputados sino de indicios graves de delito que afectan a miembros de la Asamblea y ex miembros del Gobierno». Ciudadanos denuncia a través de su portavoz «un desorden absoluto en la adjudicación de las viviendas de protección oficial».
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Ciudadanos solicitó al conocer la magnitud del caso «una auditoria por parte del Estado de las promociones adjudicadas previamente y, entre otras medidas, que se hicieran públicos los listados de adjudicatarios de las viviendas». Asimismo Varga se muestra «insatisfecho porque el Gobierno de la Ciudad haya cumplido muy a medias con sus requerimientos».
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Javier Varga, Ciudadanos
Aunque en esta línea destaca que «una vez que llegamos a las instituciones, estamos satisfechos y lo hecho en estos tres años en materia de vivienda es legal». Sin embargo, por otra parte señala «el Gobierno se resiste a reparar la mala gestión previa». Para Varga el máximo responsable sigue siendo «el Gobierno pero la oposición también». Por un lado acusa al PSOE, que según indica «dejó hacer, y dejó de fiscalizar la labor del Gobierno» y «su presencia en las instituciones no ha supuesto garantía de nada». En cuanto a Caballas «tienen una situación particular» señala.
La posición de Ciudadanos, es clara, indica Varga, «al incoarse la causa solicitamos la dimisión de dos consejeras (Rabea Mohamed y Susana Román) y creo recordar que fuimos los únicos que hicimos esto». Desde ese momento a propósito del portavoz de Caballas (Mohamed Alí), nuestra abstención respecto a las propuestas de su grupo estaba motivada por este hecho. Pero «no prejuzgamos a ningún investigado, siempre defendemos la presunción de inocencia. En su caso él es responsable de sus actuaciones». «Ellos», denuncia Varga, «han respondido a nuestra presión con calumnias e injurias contra afiliados de Ciudadanos». De todas formas, añade «hemos sido prudentes y en esta prudencia nos mantendremos diez dias mas hasta la calificación de los delitos por parte del fiscal». Pero matiza «no nos parece lo más adecuado tener sentado en la Asamblea a un diputado a la vez que ocupa el banquillo de los acusados».
Varga sentencia «hacemos responsables al Gobierno de la situación caótica en materia VPO que ha generado estas situaciones». En parte indica el diputado «el Gobierno se ha descargado de responsabilidad con las dimisiones que se produjeron». Dado el estado procedimental Varga se excusa, no pueden ir más allá, aunque «presentaremos una interpelación ante la mesa de Gobierno sobre esta materia». Y recuerda que «si no llega a ser por nosotros este asunto no estaría donde está».
Varga ha participado en el actual Consejo de Administración de Emvicesa, y allí ha solicitado que «tan pronto se sepan las conclusiones de la fiscalía se reúnan de inmediato» porque «todavía quedan cosas por hablar».
