La Comunidad de Madrid otorgó más de 75.000 euros en adjudicaciones a Antonio Castillo Algarra, un asesor externo vinculado a la mística religiosa. El escándalo ha provocado una cascada de dimisiones en la Consejería de Educación y Cultura y la rebelión de un sector del PP madrileño.
MADRID – Lo que comenzó como una remodelación técnica en la Puerta del Sol ha derivado en la mayor crisis interna de la legislatura para Isabel Díaz Ayuso. La sombra de Antonio Castillo Algarra, descrito en medios políticos como un «iluminado religioso», ha provocado un terremoto institucional tras desvelarse que manejó hilos clave en las áreas de Educación y Cultura como asesor externo, beneficiándose de contratos públicos que superan los 75.000 euros.
El origen de la tormenta: teatros y mística
La controversia se centra en la adjudicación de fondos públicos para la producción de obras de teatro de temática religiosa y mística lideradas por Castillo Algarra. Estas contrataciones, realizadas mientras ejercía una influencia notable en las decisiones de la Consejería, han levantado sospechas de sectarismo y arbitrariedad.
La crisis escaló rápidamente esta semana con dos hitos fundamentales:
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- Destitución de Emilio Viciana: Ayuso prescindió del consejero de Educación debido a su incapacidad para gestionar el conflicto con las universidades públicas, pero también como cortafuegos ante el escándalo de los contratos.
- Dimisiones en cadena: La salida de Viciana provocó una «cascada» de renuncias de altos cargos que se negaban a verse salpicados por la gestión de las subvenciones culturales.
La rebelión de «Los pocholos»
El caso ha servido de catalizador para una fractura interna en el Partido Popular de Madrid. Un grupo de diputados y cargos públicos, bautizados en los pasillos de la Asamblea como «Los pocholos», se ha «insurreccionado» contra el ala dura del Gobierno regional. Esta facción critica el excesivo peso de asesores externos con perfiles ideológicos radicales y la gestión personalista de los fondos para cultura.
La oposición, liderada por el PSOE madrileño y Más Madrid, no ha tardado en reaccionar. Los socialistas exigen la «caída de la cúpula» de la Consejería, mientras que desde Sumar acusan a la presidenta de actuar como «encubridora» de prácticas irregulares en la adjudicación de contratos menores.
Educación y Cultura en el punto de mira
Este escándalo coincide con otros frentes abiertos para el Ejecutivo de Ayuso, como el recorte de subvenciones al Círculo de Bellas Artes, que ya había generado acusaciones de «intervencionismo ideológico». Sin embargo, el caso de Castillo Algarra introduce un elemento inédito: la mezcla de mística religiosa y dinero público, algo que ha descolocado incluso a los sectores más conservadores del PP.
Mientras la Fiscalía examina otros casos relacionados con la administración regional, Ayuso enfrenta el reto de reconstruir su equipo de Gobierno en un momento de máxima tensión parlamentaria, tratando de desvincular su imagen de la de un asesor cuyas obras de teatro han acabado provocando un drama político real en la Puerta del Sol.
