La sección sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Ceuta, el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y predominante en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y Función Pública, denuncia que la Dirección del Centro ha roto unilateralmente acuerdos laborales, generando inseguridad y desconfianza entre los trabajadores
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La sección sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Ceuta, el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y predominante en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y Función Pública, denuncia la ruptura unilateral de acuerdos laborales por parte de la Dirección del Centro, generando inseguridad y desconfianza entre los trabajadores.
A principios de año, durante la reunión del calendario laboral del Centro Penitenciario, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2024, se alcanzaron varios compromisos, entre ellos la renovación de los mínimos de vacaciones para el personal con turnicidad. Sin embargo, la Dirección ha roto unilateralmente este acuerdo, contraviniendo el principio de buena fe y causando una pérdida de confianza e inseguridad entre el personal, lo que podría poner en peligro la paz social.
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Es incomprensible esta actitud por parte de la Dirección en plena temporada de verano, especialmente cuando disponen de la instrucción 11/2019, una herramienta proporcionada por nuestro Centro Directivo para manejar circunstancias excepcionales mediante la remuneración de servicios extraordinarios.
En el pasado, incluso con una mayor escasez de personal, se resolvieron situaciones excepcionales aplicando esta instrucción. Resulta extraño que la actual directora, habiendo sido parte del anterior equipo directivo, haya olvidado que los compromisos se deben cumplir.
CSIF exige que se respeten los acuerdos establecidos con las organizaciones sindicales, y se corrija esta deficiente gestión de los recursos humanos para garantizar un buen ambiente laboral. Además, CSIF reivindica un aumento de personal con la cobertura del 100% de las plazas vacantes y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la realidad de las cárceles, respetando el derecho constitucional recogido en el artículo 31 de nuestra Carta Magna.
