El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se reunió hoy con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para transmitir las prioridades laborales de los empleados públicos y los problemas que enfrentan en la atención sanitaria de Muface, debido a la no renovación del concierto con las aseguradoras.
Entre las principales reivindicaciones, CSIF subrayó la urgencia de convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar la subida salarial pendiente, una oferta pública de empleo para 2025 y la evaluación de los procesos de estabilización del empleo público. Además, se destacó la necesidad de que los salarios de los empleados públicos se actualicen cada año de manera automática, con un incremento superior al IPC, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la bajada de sueldo de 2010.
Miguel Borra, en su encuentro con el portavoz socialista en la Comisión, José Luis Aceves Galindo, dejó claro que la propuesta del sindicato es que los salarios de los empleados públicos se ajusten automáticamente cada enero, tal como sucede con las pensiones o el salario mínimo interprofesional, con un porcentaje adicional que permita la recuperación total del poder adquisitivo. Según CSIF, los empleados públicos han perdido más de un 6 por ciento de poder adquisitivo desde 2022 y un 20 por ciento desde la reducción salarial de 2010.
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Entre otras demandas, CSIF solicitó la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público de este año, la equiparación salarial entre administraciones, la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales a nivel estatal, la adecuación de los grupos profesionales y la mejora de las condiciones de jubilación, incluyendo la regulación inmediata de la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios.
En cuanto a Muface, CSIF informó que persisten los problemas en la atención sanitaria, con la negación de pruebas, citas médicas e intervenciones quirúrgicas a los mutualistas. El sindicato ha asegurado que continuará asesorando a los afectados para que presenten quejas formales a la mutualidad y las aseguradoras, y ha confirmado que acompañará a sus afiliados en las acciones legales que puedan derivarse. Además, CSIF ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue estos casos con el fin de determinar posibles responsabilidades penales por parte de las aseguradoras y los responsables involucrados.
De esta manera, CSIF reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los empleados públicos y su lucha por una atención sanitaria digna para los mutualistas.
