El director general de RRHH, Rafael Alarcón, ha amenazado a todos los empleados con abrirles un expediente y sancionarlos si no realizan lo Decretado por Vivas. Los empleados sólo han pedido un informe que avale que, aún siendo competencias de otra Consejería, pueden realizar dichos trabajos con seguridad jurídica
Desde la Central sindical independiente y de Funcionarios se ha presentado en el día de hoy, un recurso solicitando la suspensión del decreto emitido por el Presidente de la Ciudad el pasado 18 de marzo y publicado en el BOCCE extraordinario número 15 de 21 de marzo al ser este, contrario a la normativa.
El referido decreto, el cual, ha transferido hasta cinco competencias de la Consejería de Sanidad a la Consejería de Medio Ambiente, incluyó un apartado en el que indica que los trabajadores del Área de Sanidad deben seguir realizando las funciones aún cuando estas, han sido transferidas a la Consejería de Medio Ambiente, algo sin sentido ni base jurídica legal que lo sustente.
Asimismo hay que tener en cuenta que, todos los empleados de la Ciudad Autónoma se encuentran a adscritos a Consejerías o Unidades Administrativas para realizar las funciones propias del puesto, lo que imposibilita que los empleados puedan realizar funciones o procedimientos administrativos de competencias adscritas a otra Consejería distinta a la que pertenecen.
Se da el caso con la aplicación del nuevo decreto que, auxiliares administrativos o administrativos (por poner un ejemplo), que tengan que participar en la elaboración de procedimientos administrativos de un Consejero del cuál, no depende orgánicamente y lo que es más rocambolesco, en contra de la orden y competencia de su propio de jefe, que es el que tiene que encomendarle el trabajo a realizar en cada momento.
No es poca la normativa, que indica que la única Consejería con competencias en la adscripción, modificación y supresión de los puestos e incluso los cambios de adscripción es la Consejería con competencias en RRHH, algo que incluso indica el propio Decreto de organización que modifica este, el cual, parece que el Presidente no se ha leído íntegramente.
Por si todo esto fuera poco, los empleados tienen que aguantar ser amenazados por el Director General de RRHH Rafael Alarcón, con abrirles un expediente y sancionarlos cuando estos solo le reclaman que se les informe por escrito si la nueva situación mantiene todas las garantías jurídicas para así, no incurrir en una ilegalidad al realizar actos administrativos para los que ahora, no tienen competencias.
Desde CSIF iremos hasta las últimas consecuencias contra quienes maltraten a los empleados públicos como ahora, están haciendo.
Por todo ello desde CSIF hemos impugnado el Decreto del Presidente de la Ciudad solicitando la suspensión inmediata y su anulación ya que él mismo, es contrario a la normativa vigente y vulnera múltiple normativa que desde CSIF obligaremos a cumplir.
Así mismo, desde CSIF seguiremos realizando cuantas acciones entendamos necesarias para defender los derechos de los empleados y para impedir que los políticos jueguen con la Salud y con la seguridad jurídica de los empleados afectados.
