La violencia contra las mujeres es una violación grave de los derechos humanos, un fenómeno estructural y mundial que no conoce límites sociales, económicos o nacionales. Según ONU MUJERES, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Según los resultados de la Macroencuesta de violencia sobre la mujer de 2019, presentados el pasado 10 de septiembre de 2020, 1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres. En España desde el año 2003 hasta la fecha han sido asesinadas más de mil mujeres por sus maridos, parejas o ex parejas. Estas cifras ponen de manifiesto una realidad que no se puede normalizar ni banalizar, una violencia estructural hacia la mitad de la población, que impide la plena libertad, igualdad y seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas.
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España fue uno de los países pioneros en el mundo en dar una respuesta integral a la violencia de género. Como señala el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada por unanimidad, la violencia contra las mujeres se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo y es el resultado de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y una consecuencia de la discriminación por razón de sexo.
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Esta ley orgánica crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer como órgano colegiado al que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Por ello, el Observatorio no puede permanecer ajeno a los ataques que en estos tiempos arrecian contra la igualdad y contra esta realidad, reproduciendo estereotipos y prejuicios machistas y reaccionarios que creíamos superados, que dañan a las víctimas y a quienes trabajamos por ellas.
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En el último Pleno del Observatorio, celebrado el 19 de mayo de 2021, entre otros acuerdos se decidió realizar esta declaración institucional expresando nuestra profunda preocupación por la difusión de narrativas falsas y por los discursos que cuestionan el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, y hacer hincapié en la necesidad de avanzar en un diálogo constructivo, basado en hechos y datos con todos los sectores de la sociedad con el fin de proporcionar una visión real, detallada y actual que nos permita contribuir a reforzar y mejorar actuaciones en materia de sensibilización y prevención, dirigidas a erradicar por completo la violencia ejercida sobre las mujeres.
La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier país que esté comprometido con la protección de los derechos humanos, la no discriminación entre mujeres y hombres y en el rechazo a cualquier forma de violencia, y así lo ha asumido España al ratificar todos los Convenios Internacionales en la materia. Entre ellos destaca el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. Este Convenio, cuyo décimo aniversario acabamos de celebrar, se aplica fundamentalmente a las mujeres, porque contempla formas de violencia que solo sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres o de manera desproporcionada frente a otras violencias.
Tal y como señala la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa para prevenir y combatir el sexismo, aprobada el 27 de marzo de 2019, la violencia contra las mujeres está ligada al sexismo, que crea un clima de intimidación, miedo, discriminación, exclusión e inseguridad que limita las oportunidades y la libertad de las mujeres. El sexismo se refuerza por los estereotipos de género que afectan a mujeres y hombres, y niñas y niños, e impide la consecución de la igualdad de género y el establecimiento de sociedades, justas, inclusivas y libres de violencia contra las mujeres. Es por ello que el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, obliga a promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales con vistas a erradicar cualquier práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres. Las políticas públicas desarrolladas en España, desde 2004, para la erradicación de la violencia contra las mujeres hay que enmarcarlas en el cumplimiento de estos compromisos internacionales y nacionales asumidos en el contexto de la consecución de iure y de facto de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Estas políticas públicas culminaron con la adopción de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 por todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, al que posteriormente se unieron las Comunidades Autónomas, en la Conferencia Sectorial de Igualdad y la sociedad civil y las instituciones representadas en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Ello pone de manifiesto el amplio consenso político y social que ha habido hasta ahora en España en esta materia.
La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede lograrse sin abordar las actitudes sociales que la toleran o justifican. En definitiva, reducir la aceptabilidad social de esta violencia es fundamental para prevenirla y nos exige un cambio en la cultura, las actitudes y los comportamientos machistas que la fomentan. Para ello es fundamental incidir en el ámbito educativo, fomentando una educación en valores de igualdad y respeto a la diversidad, como ejes que están en el centro de nuestras libertades y de nuestros derechos de ciudadanía. Asimismo, para el logro de una sociedad plenamente igualitaria, resulta esencial la contribución activa de los medios de comunicación en la construcción de una conciencia social que rechace cualquier forma de violencia contra la mujer, y apoye inequívocamente a quienes la sufren.
Por todo ello, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer hace público y muestra su rechazo más contundente hacia cualquier tipo de discurso que niegue o minimice la existencia de la violencia contra las mujeres, que ponga en entredicho que tiene su origen en una sociedad patriarcal, que es ejercida por el hombre contra la mujer, solo por su condición de mujer y que tiene, por tanto, un carácter estructural, fundamentado en relaciones de superioridad ejercida a lo largo de los años. Máxime en unos días en los que hemos sido testigos del aumento de asesinatos machistas. Sólo en una semana fueron asesinadas 5 mujeres y 1 menor, una semana negra para quienes luchamos contra la violencia ejercida contra la mujer. En lo que va de año, las cifras no son mejores: 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas, por tanto, nos encontramos con una lacra estructural y con un problema de Estado que ha de ser resuelto con el compromiso de todos los agentes sociales, con la sociedad civil, con la Justicia y con los Poderes Públicos.
El Observatorio reitera, por tanto, la necesidad de seguir avanzando en el cumplimiento inmediato, sin criterios tibios y en todos los territorios del Estado de las medidas recogidas en el Pacto de Estado que aún no hayan sido implementadas para erradicar la violencia contra las mujeres, apoyar a las víctimas y garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las mujeres, desde el convencimiento de que sin la libertad y la seguridad de las mujeres no es posible la construcción de una sociedad plenamente democrática.
La violencia de género perpetúa unas relaciones de dominación del hombre hacia la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y choca frontalmente con el principio de igualdad de trato, amparado por nuestras leyes. Debemos mostrar nuestro rechazo hacia este tipo de discursos con toda la contundencia. Argumentar que la violencia de género no existe y que debe ser contemplada al mismo nivel que cualquier tipo de violencia, es negar su existencia, y poner en tela de juicio los avances que las mujeres han ido logrando a lo largo de los tiempos. No es posible contemplar actitudes sociales que la toleren o la justifiquen y los Tribunales, Juzgados y Fiscalía, profesionales del Derecho y de todos los ámbitos han de actuar en esa línea, con formación específica en género y contemplando este problema estructural de una manera integral.
El Observatorio hace hincapié en la necesidad de avanzar en un diálogo constructivo, basado en hechos y datos con todos los sectores de la sociedad con el fin de proporcionar una visión real, detallada y actual que contribuya a la sensibilización, prevención y erradicación de toda violencia ejercida sobre las mujeres.
