A lo largo de las dos décadas en que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer desde que fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, jamás habíamos vivido una crisis global del alcance de la que estamos experimentando por la pandemia del COVID-19, que ha permeado en todos los asuntos de nuestra sociedad, incluido el de la violencia contra las mujeres.
Las brechas de género se han profundizado ostensiblemente a lo largo de estos meses, y continúan ahondando más aún, sin que tengamos un horizonte inmediato en el que sea previsible que se revierta la situación. Es imprescindible que apliquemos un enfoque de género a la hora de analizar el nuevo contexto que ha trazado el coronavirus, porque desde luego, las mujeres son protagonistas en esta escena y están sufriendo sensiblemente sus consecuencias. La mayoría de las personas que ejercen en el ámbito sanitario son mujeres; las limitaciones y restricciones han traído una grave crisis de cuidados que ha recaído nuevamente sobre los hombros de las mujeres; y el riesgo de sufrir violencia de género se ha incrementado de manera notoria.
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De hecho, los servicios públicos que atienden a las víctimas de la violencia machista han experimentado un notable incremento en la demanda desde el mes de marzo, en comparación con los mismos períodos de 2019. El confinamiento y las restricciones posteriores crean las condiciones idóneas para aumentar los conflictos, sumado a las tensiones por motivos económicos, laborales, de salud, etc.
El tiempo de convivencia entre la víctima o víctimas y su agresor se ha incrementado, con situaciones de especial intensidad como el total confinamiento o los períodos de cuarentena. Así mismo, las rutinas diarias se han alterado y facilita que aumenten los conflictos cotidianos. Una «tormenta perfecta» de la que advirtió la ONU, que instó a los gobiernos a incluir la prevención y la reparación de los casos de violencia de género contra las mujeres en sus planes nacionales contra el COVID-19.
Planes y estrategias que deben contar con una adecuada atención psicológica, la principal necesidad identificada por las víctimas, según recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, realizada por el Ministerio de Igualdad y publicada este año. La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los servicios públicos para prestar atención a las víctimas, por lo que es imprescindible que la accesibilidad a los servicios de psicología esté garantizada.
Así mismo, desde el Consejo General de la Psicología consideramos determinante que las distintas administraciones públicas realicen una evaluación del impacto de género que tiene y tendrá esta pandemia; un diagnóstico que debe incorporar la óptica de la ciencia psicológica, imprescindible tanto en el ámbito de la prevención como en el de la planificación de la respuesta.
Al mismo tiempo, deseamos trasladar nuestro apoyo, afecto y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas de violencia de género, ya que en este año han sido asesinadas al menos 41 mujeres y 3 menores; crímenes cuya consecuencia son además 23 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad.
