La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado los trámites legales en España para presentar una querella por injurias contra el empresario Víctor de Aldama. Esta decisión se produce después de que el empresario afirmara públicamente que Rodríguez le entregó un sobre de la petrolera estatal PDVSA relacionado con una presunta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Para dirigir su estrategia jurídica, Rodríguez ha contratado los servicios de Ilocad, el bufete de abogados liderado por el exjuez Baltasar Garzón.
El acto de conciliación previo a la querella
Como paso obligatorio antes de formalizar la querella por la vía penal, la defensa de la mandataria venezolana ha presentado una solicitud de conciliación en los juzgados de Madrid. El objetivo de este procedimiento es que Aldama se retracte de las declaraciones realizadas en varios medios de comunicación los pasados días 4 y 5 de febrero, en las que sostenía que la presidenta de Venezuela le había suministrado documentación comprometedora.
El escrito de la defensa califica las afirmaciones del empresario como «inveraces, falsas o no ajustadas a la realidad». Argumenta, además, que vincular a Rodríguez con la entrega de dicho material genera un impacto negativo al sugerir su implicación en actividades que podrían ser constitutivas de delito en España.
La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 50 ha fijado la celebración de este acto de conciliación para el próximo 16 de julio.
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La postura de Aldama y el origen del sobre
Fuentes cercanas a Víctor de Aldama han avanzado que el acto judicial se cerrará sin acuerdo, dado que el empresario se ratifica en todo lo expuesto y mantiene que fue la dirigente venezolana quien le facilitó el sobre. Desde el entorno de Aldama se interpreta la acción legal como un intento «temerario» de disuadirlo de seguir colaborando con las causas abiertas en la Audiencia Nacional.
Cabe recordar que el empresario, ya condenado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, detalló esta misma versión ante la Audiencia Nacional en los meses de enero y marzo, entregando el citado sobre a las autoridades judiciales. Según su declaración, el contenido alude a un cupo millonario de petróleo destinado a la financiación ilegal de la Internacional Socialista y del partido de Pedro Sánchez.
La existencia física del envoltorio fue descubierta originalmente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del caso Hidrocarburos, al interceptar comunicaciones y fotografías del año 2024 entre Aldama y su socio Luis Alberto Escolano. El documento cuenta con membrete oficial del Ministerio del Poder Popular del Petróleo de Venezuela y figura como remitente el exministro Manuel Quevedo, con Delcy Rodríguez como destinataria original.
