La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 43 y 36 años, acusados de introducir en el circuito comercial pescado robado de instalaciones de acuicultura que contenía trazas de tratamientos veterinarios, lo que lo convertía en no apto para el consumo humano. A los arrestados se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, receptación, falsedad documental y delitos relativos al mercado y a los consumidores.
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La investigación arrancó tras recibirse informaciones sobre la posible venta de mercancía ilícita en la lonja de Santa Pola (Alicante).
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El origen de la mercancía y la alerta sanitaria
En las primeras comprobaciones, los agentes detectaron que se habían puesto a la venta 40 cajas de pescado —principalmente lubinas y lecholas— que ya habían sido distribuidas a compradores de las provincias de Alicante, Barcelona, Tarragona y Mallorca.
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Casi en paralelo, una piscifactoría ubicada en San Pedro del Pinatar (Murcia) denunció el robo de unos 700 kilogramos de lechola. Esta partida en concreto se encontraba bajo un periodo de retirada comercial debido a que los ejemplares habían recibido un tratamiento veterinario. Tras cotejar las características de las lubinas vendidas, se determinó que también procedían de instalaciones de acuicultura de la misma zona.
Ante el riesgo sanitario, la Guardia Civil coordinó un operativo urgente para inmovilizar el producto y alertar a los inspectores de Salud Pública, quienes tomaron muestras de los ejemplares y confirmaron la presencia de residuos medicamentosos.
Falsificación de documentos y estado de la causa
Según el instituto armado, los detenidos empleaban documentación falsificada para simular que el pescado tenía un origen legal y superar los controles habituales de la lonja.
La operación se ha saldado por el momento con la recuperación e inmovilización de 227 kilogramos de pescado. Los dos implicados han quedado en libertad tras remitirse las diligencias correspondientes a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche en funciones de guardia. La investigación sigue abierta para determinar la cantidad total de producto que llegó a ser sustraído y comercializado.
