Antonio Ortega abandona su cargo en el Gobierno autonómico tras dictarse un auto por hechos ocurridos durante su etapa como alcalde de San Mateo. El juez ha impuesto una fianza de 125.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – El Gobierno de Canarias ha confirmado este viernes la dimisión de Antonio Ortega como director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). La renuncia se produce tras hacerse público su procesamiento por un presunto delito contra la libertad sexual, derivado de una investigación judicial iniciada en 2022 por hechos que se remontan a 2017.
El origen de la denuncia
La causa judicial, adelantada por el diario Canarias Ahora, tiene su origen en una denuncia interpuesta por una joven que en aquel momento tenía 24 años. Según el testimonio de la denunciante, los hechos ocurrieron en el despacho de la alcaldía de San Mateo (Gran Canaria), donde Ortega ejercía como regidor, y habrían consistido en tocamientos sin consentimiento.
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El pasado 6 de febrero, el juez dictó un auto de procesamiento al hallar indicios suficientes para continuar con el procedimiento. Como medida cautelar, el magistrado ha fijado una fianza de 125.000 euros para asegurar una eventual indemnización a la víctima en caso de condena.
Respuesta institucional y judicial
Desde el Ejecutivo canario y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha ratificado el cese de sus funciones, un cargo que Ortega ocupaba desde su nombramiento en 2023. No obstante, fuentes jurídicas han precisado que el auto de procesamiento no es firme y que la defensa del ya exdirector ha presentado un recurso contra el mismo.
| Trayectoria de Antonio Ortega | Hito clave |
| 2017 | Fecha de los presuntos hechos denunciados en San Mateo. |
| 2022 | Inicio formal de la investigación judicial. |
| 2023 | Nombramiento como director del ICAVI por el actual Gobierno. |
| Febrero 2026 | Auto de procesamiento y dimisión del cargo. |
Un caso bajo recurso
La salida de Ortega busca evitar el desgaste de la consejería de Vivienda ante la gravedad de las acusaciones. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el Gobierno de Canarias deberá buscar un relevo para dirigir el ICAVI en un momento de especial presión sobre las políticas habitacionales de las islas. La defensa de Ortega, por su parte, mantiene su estrategia legal para intentar anular el procesamiento alegando la inocencia del político canario.
