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Dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan en Alicante han decidido renunciar a sus domicilios, en medio de la investigación que sacudió al Ayuntamiento de la ciudad, informó este martes el alcalde, Luis Barcala (PP).
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En una rueda de prensa al término de la junta de gobierno municipal, Barcala aclaró que los dos adjudicatarios no son cargos públicos y que no puede detallar los motivos de su decisión debido a la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, indicó que es posible que no cumplieran con los requisitos iniciales o que hayan interpretado de manera incorrecta los criterios para acceder a estas viviendas.
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El escándalo que rodea la adjudicación de estas viviendas ya ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y de una directora general municipal. Ante esta situación, el alcalde hizo un llamamiento público para que cualquier persona que haya recibido una vivienda de manera ilegítima siga el ejemplo de los renunciantes y devuelva el inmueble.
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Barcala aseguró que su gobierno seguirá actuando con «contundencia, celeridad y máxima transparencia», consciente de la alarma social generada por este caso.
