Una investigación sobre la violencia de género durante la pandemia del COVID-19 revela las graves carencias en la atención a la que se enfrentan las mujeres migrantes en España a la hora de recurrir a los servicios de atención existentes en casos de emergencia. La falta de acceso a la información, el miedo a denunciar, la brecha digital y la falta de abordajes multiculturales, que potencian un tratamiento paternalista, cuando no racista, han supuesto graves barreras a las que han tenido que enfrentar las mujeres durante los confinamientos del pasado año.
El informe “La violencia de género contra las mujeres en contextos de emergencia: la respuesta a la crisis del COVID-19 en España”, que ha sido elaborado por Alianza por la Solidaridad-ActionAid y la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), en colaboración con un equipo de la Universidad de Salamanca, ha tenido como objetivo analizar cómo han funcionado los recursos existentes y las estrategias disponibles en el caso de una emergencia, como la que supusieron los meses de confinamiento estricto, entre marzo-junio de 2020, en España debido a la pandemia global. En el informe se ha constatado que las mujeres en mayor estado de vulnerabilidad fueron quienes sufrieron este incremento de la violencia machista, siendo las migrantes las más afectadas.
Sólo en las primeras dos semanas de confinamiento, las llamadas al 016 aumentaron un 12,4 por ciento y las consultas online un 269,57 por ciento con relación al mismo período del año anterior; siendo las mujeres migrantes las que están más representadas en ambos casos, en proporción al porcentaje de la población que suponen. El aumento del trabajo en el hogar, la pérdida del empleo, la inestabilidad económica y la presencia continua del maltratador que les impedía buscar ayuda fuera, son los factores causantes del mayor grado de violencia de género en esos meses dentro de sus hogares.
Un 87’4 % de profesionales indicaron que durante el confinamiento la violencia de género se producía de manera más agresiva
A través de este estudio se llevó a cabo un cuestionario en el que participaron más de 190 profesionales de las áreas de Trabajo Social, Psicología, Educación Social, Abogacía, Medicina y Enfermería. A estas profesionales se les preguntó sobre la asistencia que tuvieron que proporcionar en base a la violencia de género.
El 77 por ciento de las profesionales indicó haber detectado y/o atendido algún caso de violencia de género durante ese período. El 88% ha indicado que el confinamiento (agravó la situación de la violencia de género, pero además el 87,4% indicó que no solo se aumentó la cantidad de casos, sino además la gravedad de la violencia de género que se ha producido. En los tipos más frecuentes de violencia de género se señalaron: violencia psicológica (97,9%), la sexual (76,4%), la física (67%), la social (35,1%), la negación de dinero por parte del cónyuge o pareja (29,8%) y la negación de alimentos (20,4%).
Las profesionales que trabajan en la primera línea de atención, tanto de recursos públicos como en organizaciones no gubernamentales, durante el confinamiento han atravesado grandes retos y dificultades por la necesidad de readaptar los servicios y la imposibilidad en algunos casos, de mantener el contacto con las mujeres y brindarles una respuesta adecuada, sobre todo por parte de los recursos de acogida donde la demanda se ha visto muy incrementada.
El estudio, que se hizo desde una perspectiva interseccional, ha revelado que las mujeres migrantes son quienes sufrieron mayor riesgo por violencia de género durante el confinamiento. La investigación revela las graves carencias en la atención a la que se enfrentan las mujeres migrantes en España a la hora de recurrir a los servicios de atención existentes en casos de emergencia. La falta de acceso a la información, el miedo a denunciar, la brecha digital y la falta de abordajes multiculturales, que potencian un tratamiento paternalista y racista, han supuesto graves barreras a las que han tenido que enfrentar las mujeres durante los confinamientos del pasado año. A los motivos que se dieron por parte de las mujeres migrantes se añade la barrera lingüística, la situación migratoria y la falta de redes de apoyo.
La conclusión final del estudio advierte que, ante el aumento alarmante de los casos de violencia machista durante la etapa de confinamiento, no se han contado con suficientes herramientas institucionales para poder hacer frente a esta problemática. Se ha podido constatar que esta situación no ha sido contextual, sino que es preexistente y supone un problema estructural que también ha supuesto grandes dificultades en las respuestas ante en el recrudecimiento de la violencia en los meses posteriores al confinamiento.
El informe completo se puede descargar aquí. La investigación de Alianza-ActionAid y la UNAF y la Universidad de Salamanca realizada sobre violencia será presentada el próximo 30 de noviembre en un encuentro digital.
