La norma, que penaliza con hasta tres años el robo de móviles y tipifica el ‘petaqueo’, sale adelante sin las propuestas de endurecimiento de extranjería ni el aumento de fiscales por razones presupuestarias.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba este jueves de forma definitiva la Ley contra la Multirreincidencia, una iniciativa impulsada originalmente por Junts que busca endurecer las penas para los delitos leves reiterados. La votación final llega marcada por la decisión del Gobierno de vetar dos de las enmiendas clave introducidas por el Partido Popular durante su trámite en el Senado.
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El muro del «incremento presupuestario»
El Ejecutivo ha frenado en la Mesa del Congreso dos modificaciones del PP alegando que supondrían un gasto inasumible para las arcas públicas:
- Extranjería: Se pretendía endurecer los controles para la regularización de migrantes, lo que según el Gobierno obligaría a crear 400 plazas de funcionarios con un coste de 17 millones de euros.
- Refuerzo Fiscal: La propuesta de ampliar las plantillas con un fiscal por cada 100.000 habitantes (unas 491 plazas nuevas) supondría un desembolso adicional de 54 millones de euros.
Desde el Partido Popular ya han anunciado que recurrirán este veto, calificándolo como un hecho «muy grave» que vacía de competencias a las Cortes Generales.
Claves de la nueva ley: Móviles, ‘petaqueo’ y marihuana
A pesar de los vetos, la norma que hoy recibe el visto bueno definitivo incluye cambios significativos en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Robo de dispositivos electrónicos: El robo de teléfonos móviles podrá ser castigado con penas de hasta tres años de cárcel.
- Lucha contra el narcotráfico: Se tipifica como delito el ‘petaqueo’, es decir, el uso de embarcaciones para suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar.
- Fraude eléctrico y cultivos ‘indoor’: Se incluye un subtipo agravado para las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas al cultivo de marihuana, con penas de hasta 18 meses de prisión.
- Sector agrario: Se refuerza la persecución de los robos de material y herramientas en el campo.
Un tablero político dividido
La aprobación de esta ley se lee en clave política como un gesto del PSOE hacia Junts, tras haber permanecido encallada en la cámara durante más de un año. No obstante, la medida ha fracturado el bloque de la investidura:
«Aliados habituales como Sumar, Podemos y Bildu han criticado duramente la norma, sosteniendo que no frenará los hurtos y que ‘alimenta los discursos de la extrema derecha’. Por su parte, ERC ha mantenido una posición de abstención durante el proceso.»
Con esta aprobación, el sistema judicial contará con nuevas herramientas para combatir la reincidencia en hurtos, una de las principales demandas de sectores comerciales y de seguridad en grandes ciudades.
