La Ciudad dispone de un plazo de quince días para presentar un recurso de apelación aunque FeSP-UGT asegura que será en balde ya que el TSJA ratificará la decisión del Contencioso-Administrativo de Ceuta. Desde el sindicato reclaman la intervención de la «fiscalía en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y todas las artimañas habidas y por haber»
El Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta, en sentencia notificada el lunes 18 de mayo, ha dado la razón a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT) «en la lucha incansable que lleva durante años contra la megalómana estructura que alrededor de su Gobierno ha ido creando el presidente Vivas con el consiguiente derroche de recursos del Capítulo 1 de los Presupuestos de la Ciudad, todo a ello a costa de los bolsillos de los contribuyentes» según detalla el propio sindicato en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
UGT recuerda que fue en el año 2015 cuando «Vivas dio el gran salto cualitativo en el número de ‘asesores’ aumentándolos de un tirón de 18 a 41 (veintitrés asesores más a costa del bolsillo de los contribuyentes)» y fue entonces cuando la FeSP-UGT presentó varias alegaciones al propio Gobierno de la Ciudad que fueron rechazadas, por lo que el sindicato trasladó el asunto a los tribunales. Así, desde UGT advierten que no es la primera sentencia que le ganan a la Ciudad y que «el señor Vivas como hábil trilero ha ido sorteando, como ha hecho en el caso de los viceconsejeros y hará cuando salga la sentencia sobre el desaforado número de directores generales«.
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Con respecto a la posibilidad de interponer recurso, UGT no duda de que el Gobierno lo hará aunque advierte que «el TSJA va a ratificarla. El sindicato lamenta que se recurrirá la sentencia «con el dinero de todos los ciudadanos» y critica a la Ciudad por haber hecho lo propio «con la anterior sentencia que ganó la UGT sobre su (del presidente) indemnización por residencia en la que de forma impúdica contrató a un abogado por quince mil euros para defender su propio bolsillo sin ruborizarse».
UGT vuelve a demandar las figuras de un Interventor y un Secretario General
UGT también señala al Ejecutivo local porque en plena crisis de la COVID-19 «cuando todos los ayuntamientos refuerzan sus plantillas para prestarle un servicio más eficaz a sus ciudadanos, aquí el Gobierno del señor Vivas no tiene un euro para contrataciones, cuando hay servicios básicos que están al borde del colapso» y reprueba que se vayan a nombrar a «cuatro asesores más, al parecer todos ellos muy patrióticos. Para eso sí hay dinero. Indignante y bochornoso».
Así, el sindicato recuerda que las figuras del Interventor y el Secretario General de la Ciudad están vacantes «desde hace dos décadas», siendo ambas «figuras básicas de cualquier administración autonómica o local, una para controlar la legalidad de las decisiones que se adopten y la otra para controlar las cuentas«.
UGT entiende que es necesaria la intervención «urgente» de «la fiscalía en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y todas las artimañas habidas y por haber para que los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente. Y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un Interventor y un Secretario General y desde luego que no sea elegido por el dedo del señor Vivas».
En cualquier caso, desde UGT, anuncian que próximamente «se presentará ante el Juzgado de Instrucción correspondiente» una demanda para «evitar que el Ejecutivo Local con su presidente a la cabeza siga con esta política de intentar esquivar a la Justicia a costa del bolsillo de los ciudadanos».
