La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven de 22 años acusado de matar y desmembrar a su madre, Katty O., de 56 años y nacionalidad belga. Al detenido se le imputan los delitos de asesinato con agravantes y estafa continuada.
Un crimen motivado por dinero
Según el auto judicial facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el móvil del crimen fue económico. Los indicios apuntan a que el pasado domingo 3 de mayo, el joven acudió al domicilio de su madre con la intención de acabar con su vida para obtener dinero que ella se negaba a entregarle.
Tras una discusión en la que se empleó «extrema violencia», el investigado habría realizado los siguientes pasos:
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- Robo de fondos: Realizó transferencias bancarias desde la cuenta de su madre a la suya por un total de 3.000 euros.
- Compra de herramientas: Parte de ese dinero se utilizó para comprar una sierra radial y productos de limpieza a primera hora de la mañana siguiente.
- Ocultación del cadáver: Supuestamente desmembró el cuerpo, arrojó los restos en contenedores cercanos y limpió la escena del crimen. El cuerpo fue hallado el pasado viernes en un vertedero, cinco días después de la desaparición.
Pruebas contundentes e indicios de planificación
La jueza sostiene que el crimen no fue un acto impulsivo condicionado por el consumo de drogas, como alega la defensa, sino que existió una planificación previa. Entre las pruebas recabadas figuran:
- Cámaras de seguridad y movimientos bancarios.
- Albaranes de compra de las herramientas utilizadas.
- Hallazgos en la inspección ocular de la vivienda y en el vertedero local.
- La propia declaración del investigado.
El auto también menciona la posible participación de una tercera persona aún no identificada plenamente.
Calificación jurídica y riesgo de fuga
La magistrada considera que los hechos revisten una gravedad extrema, apreciando de forma indiciaria las agravantes de alevosía y ensañamiento, además de la finalidad de facilitar la comisión de otro delito (la estafa).
Debido a que las penas podrían alcanzar los 25 años de cárcel y ante el evidente riesgo de fuga por su escaso arraigo familiar y laboral tras el suceso, la justicia ha determinado que el acusado debe permanecer en prisión mientras continúa la instrucción del caso y la búsqueda de algunos instrumentos del crimen que aún no han sido localizados.
